CD. DE MÉXICO.- Funcionarios estatales y municipales de Sonora, así como personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos de más de 680 menores de edad derivado del tráfico de infantes entre 2009 y 2015, adopciones ilegales, expedición de certificados de nacimiento con datos falseados y la agresión física y verbal contra un niño.

Así lo acreditó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por lo que emitió una recomendación por “violaciones graves” a las garantías fundamentales dirigida a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich; al director general del IMSS, Tuffic Miguel Ortega; al fiscal general del estado, Rodolfo Montes de Oca; y al presidente municipal de Hermosillo, Manuel Ignacio Acosta.

El organismo nacional presidido por Luis Raúl González Pérez concluyó que los agravios y violaciones a las garantías de los menores y sus familias son imputables a servidores públicos estatales de la ex Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, del DIF y de la Procuraduría General de Justicia de Sonora; así como a personal del IMSS, y de la Subprocuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del municipio de Hermosillo.

Luego de sus indagatorias, la CNDH encontró que se vulneraron los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la verdad, derivado de las imprecisiones en los informes proporcionados por el DIF Estatal, lo que impidió conocer el destino final de 682 menores de edad, además de que esa autoridad no exhibió la documentación para acreditar el cumplimiento de los requisitos legales de 110 casos de infantes que fueron dados en adopción.

Otras garantías vulneradas son a la igualdad sustantiva, derivado de la suposición, supresión y tráfico de 22 niños, atribuible a servidores públicos de la entonces Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia estatal.

También acreditó la supresión y tráfico de 18 menores, con lo que se violaron los derechos a la adecuada procuración de justicia, por la dilación e irregular integración de las averiguaciones previas.

En lo que corresponde a los servidores públicos del IMSS, la CNDH halló que estos expidieron certificados de nacimiento de 17 menores, “los cuáles contienen datos falsos respecto de la identidad de las madres biológicas”.

Las autoridades tampoco garantizaron una adecuada impartición de justicia, ya que se dio un ilegal desistimiento de la acción penal ejercida en su momento, en contra de 13 personas, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de suposición, supresión, ocultación y substitución de infante; entre otras irregularidades.

Por ello, el ombudsman nacional hizo varias recomendaciones a los servidores públicos señalados. A la gobernadora y al titular del IMSS les ordenó reparar los daños ocasionados a los padres biológicos de los 22 menores víctimas de supresión y tráfico de infantes, al igual que a todos aquellos que fueron víctimas de los trámites irregulares de adopción y en los que se advierta alguna irregularidad respecto de los 682 infantes que el DIF estatal no acreditó su destino final.

A la gobernadora le pidió que en un término no mayor a tres meses se integre un grupo interdisciplinario que analice la situación de 22 niños que fueron separados de su familia de origen; así como de los casos en los que se determine un trámite indebido en la adopción y en los 682 de quienes no se remitió la documentación para acreditar su destino final; además de elaborar los planes individualizados de restitución de derechos de 9 pequeños más separados de sus familias biológicas.

Al director del IMSS le demandó colaborar en la investigación ministerial y en el procedimiento administrativo que inicien la PGR y el Órgano Interno de Control en el IMSS, respectivamente, en contra del servidor público que expidió los certificados de nacimiento de 23 menores con datos falsos respecto de la identidad de sus madres biológicas; entre otras.

Al fiscal estatal le solicitó integrar a la brevedad la averiguación previa iniciada con motivo de la suposición, supresión y tráfico de un infante, y se ejerza acción penal en contra de los presuntos responsables.

Y al munícipe de Hermosillo le recomendó colaborar en el seguimiento de la queja que se formule ante la instancia competente en el ayuntamiento en contra del servidor público que omitió denunciar y llevar a cabo las diligencias para localizar a una madre biológica, que agredió física y verbalmente a su hijo menor de edad.