La nueva normatividad del sistema anticorrupción de Sonora busca minimizar los actos de corrupción entre ciudadanos y servidores públicos, para lo cual se contempla aplicar castigos más severos y la operación de novedosos trámites, informó Alberto Haaz Díaz.

El presidente del Consejo Ciudadano del Sistema Anticorrupción de Sonora explicó que con los cambios en la ley, algunas prácticas antiguas se convierten en delitos, como desobedecer a un superior o el uso indebido de vehículos.

“Si antes se denunciaba que un vehículo gubernamental se le vio en Tucson, no pasaba de una amonestación, pero ahora serán faltas graves, que pueden castigarse con multas económicas o bien ser retirados del puesto”, ejemplificó.

En el caso de los particulares, agregó, si se descubre que una empresa sobornó a un funcionario para obtener información privilegiada sobre una licitación, se le prohibirá que participe en siguientes licitaciones.

Porque en los casos de compras y contrataciones en donde más se ha presentado los actos de corrupción, de ahí que se busca sanear esa relación mediante un cambio en los procesos donde se evite al máximo el uso del dinero entre personas.

“Queremos que haya más transparencia para minimizar y trámites y pagos donde intervienen personas, que se hagan por cajeros automáticos o por internet para que no haya una mochada entre seres humano”, agregó.

Otro de las novedades de la normatividad es que se harán auditorías a los desempeños de los funcionarios púbicos no solamente a los estados contables, por lo que podrá ser despedido un servidor no cumpla con el perfil.

“Si el comportamiento del servidor público no es realmente lo que requiere el puesto va para fuera, se va auditar el desempeño tanto de los servidores  y las instituciones, ahora será de una manera más integral”, destacó.

Sobre las críticas que ha tenido el Consejo Ciudadano en su desempeño para combatir la corrupción, Haaz Díaz reconoció que algunos casos no pueden actuar porque salen de su competencia porque se trata de recursos federales.

“Cuando son recursos federales, como es el caso de Telemax que lo revisó la Auditoría Superior de la Federación, no podemos hacer nada, escapa de la competencia del Gobierno del Estado.”, afirmó.