La falta de ventiladores artificiales que requerirán enfermos de coronavirus en Sonora se debe en cierta medida a prácticas irregulares y de presunta corrupción en el Sistema de Salud del Gobierno del Estado,  afirmó Julio César Pablos Ruiz.

Las irregularidades inician en las convocatorias que parecen redactadas para favorecer a las empresas que a la postre resultan ganadoras de la licitación aun cuando son las que ofrecen precios más altos en detrimento de otras que presentaban propuestas más económicas, denunció el presidente de Canacintra Obregón.

Mencionó como pruebas de su denuncia dos casos que conoció de cerca e incluso participó como concursante en la convocatoria publicada por el Sistema de Salud de Sonora (SSS).

El primer caso ocurrió al principio de la administración de Claudia Pavlovich, fue una licitación para adquirir un lote de camas hospitalarias.

Como socio de una empresa dedicada al ramo de equipamiento médico, Pablos participó en la licitación y no ganó pues el contrato fue otorgado a una empresa del centro del país gracias a una convocatoria irregular que las favoreció.

"Pese a que ofrecimos precios competitivos, el contrato fue otorgado a empresas que ofrecieron camas de precios más altos", dijo. "Tan altos que superaron con mucho a los que pagó el gobierno corrupto  de Guillermo Padrés por conceptos similares".

Otro caso de presunta corrupción en el Sistema de Salud de Sonora ocurrió en septiembre de 2019 con la adquisición de equipo médico y que en una de sus partidas, la 19, contemplaba la adquisión de tres ventiladores para pacientes de enfermedades respiratorias. 

Se compró todo el equipo médico descrito en las otras partidas menos los ventiladores. La compra fue hecha a dos empresas cuyo origen es desconocido pues no hay información pública sobre ellas. 

Se les pagaron 28 millones de pesos por equipos médicos diversos. Una comparación hecha con los precios que pagó el IMSS por los mismos conceptos exhibe un sobreprecio exagerado en la adquisión hecha por el gobierno sonorense.

Mientras que el IMSS pagó 9 millones 800 mil pesos, el SSS pagó 18 millones, es decir, un 65% y sin incluir los ventiladores, precisó el dirigente de Canacintra.

"Esto es lo que sucede en el Sistema de Salud de Sonora, en un gobierno donde a cada rato se denuncia la corrupción del gobierno anterior".

Pablos Ruiz consideró que a nivel del gobierno estatal y en los municipales siguen presentándose casos de presunta corrupción por lo que es necesario hacer más transparente y ciudadana la designación de los contralores públicos.

"Actualmente los contralores son puestos para defender a los funcionarios que los designan, por eso no se detiene la corrupción", dijo.

Además debe haber un código de ética empresarial para que los contratistas y quienes venden servicios y equipos a los gobiernos no se hagan socios de la corrupción con los funcionarios, puntualizó.