Rosendo Arrayales tiene cualidades poco frecuentes en el ámbito político: Es un hombre honesto, fiel a sus convicciones e incorruptible. No soy tal vez la persona idónea para decir quién tiene o no tiene esas cualidades, pero tras varios años de conocer a Rosendo tengo, como muchos, la certeza de que se trata de un político excepcional, tal vez no el único, pero sí uno de los pocos cuya honradez es incuestionable.

Lo hemos visto como activista social, defendiendo causas que a muchos no le importan porque no son redituables para quienes aspiran a un acomodo en el sistema; ha sido promotor de los derechos humanos, acompaña a víctimas de injusticias, ha estado siempre con la gente más vulnerable sin pedir nada a cambio.

Tal vez su defecto más evidente es ser empecinado, casi hasta la necedad, como lo es cuando insiste en cada sesión de cabildo que se castigue a los funcionarios que por omisión o negligencia permitieron que un asesinato en las celdas municipales quedara impune. Y cada vez que saca a colación este tema, muchos se ríen o muestran enfado, "ya salió con lo mismo", dicen. ¿Pero no es acaso esta "necedad" lo necesario para combatir la terrible impunidad que hoy nos tiene a todos en la terrible situación actual? Algunos prefieren olvidarse del caso porque no es redituable, o porque pueden salir raspados, sin importarles que se trata de una vida humana perdida ante la indiferencia cómplice de la autoridad.

En estos días, cuando surge el tema Serna-Duarte-Valdez, fue evidente desde el principio que el objetivo no era tanto perseguir a los dos inculpados, sino enfocar la mira hacia Rosendo Arrayales, un crítico contundente de funcionarios municipales como el director de la Central de Autobuses. 

Se manifestó esta intención desde la rueda de prensa ofrecida por Serna y su abogado. Ahora de manera abierta empiezan a mencionar a Arrayales como parte de la trama de presunta extorsión. No es sorpresa, tampoco sería que lo llamen a declarar, suficiente para exhibirlo como "presunto autor intelectual de extorsiones".

Estamos ante un ataque flagrante contra la libertad de expresión, un derecho que no es exclusivo de los periodistas sino de cualquier ciudadano que se atreva a cuestionar y criticar el mal uso de la función pública.

Este caso ha llegado muy pronto a un extremo en el que se exhibe lo peor de un sistema político caduco que sobrevive a pesar de los intentos de la 4T por sepultarlo. El uso de las instituciones para aplastar a los opositores sigue siendo un recurso del poder.

Sin embargo presiento que tanto embrollo al final fortalecerá la figura de un regidor ahora difamado y terminará con las aspiraciones electoreras de quienes lo acusan.