El hombre mejor informado del país, el Presidente de la República, dijo que no son miembros de la tribu yaqui los autores de homicidios, secuestros y otros delitos en su comunidad, sino individuos de fuera. Es posible. Tomás Rojo, asesinado en estos días, fue perseguido por el gobernador Padrés, igual que Mario Luna Romero (éste, encarcelado), por su empeño en combatir el robo del agua con el acueducto. Y no cejó en su lucha. Su desaparición física ha de haber sido bien recibida por los terratenientes de la costa de Hermosillo y empresarios que se benefician con el agua de El Novillo.

¿Fueron los individuos de fuera los que animaron a los yaquis a que siguieran robando a los automovilistas que cruzaban la carretera, pese a las negociaciones que se realizaron para disuadirlos?. El presidente AMLO mira a los yaquis como ejemplares humanos totalmente puros; yo considero que en buena parte lo son, pero algunos, como cualquier otro ser humano, ha de ser proclive a la corrupción si hay de por medio buenas compensaciones económicas.

La turbia situación tendrá que aclararse pues los gobernadores yaquis pidieron ya una audiencia al Presidente para que se proceda al respecto. Mientras, los dirigentes del Movimiento No al Novillo (en su denominación original), tramitan la suspensión de la consulta a la tribu, trámite que falta al amparo para que los efectos de éste se traduzcan en el cierre del acueducto. La suspensión permitiría proteger de momento a los activistas yaquis.

LA CONSULTA DEL 1º DE AGOSTO

No sé que se haya realizado una encuesta sobre el número de ciudadanos que han decidido participar, el próximo primero de agosto, en la consulta pública para decidir si se somete a investigación a los ex presidentes, de Carlos Salinas a Enrique Peña Nieto.

Pero tengo la impresión de que la afluencia de personas a las mesas de votación será pobre y que no se completarán los suficientes “sí” para ponerlos a disposición de la Fiscalía. Esto no se deberá a que los mexicanos creamos blancas palomas a los tipos que han empobrecido al país, pues la enorme mayoría sentimos desprecio por ellos.

Sucede, en primer lugar, que acaba de concluir una campaña electoral que, aunque más o menos tranquila, nos dejó fatigados, y en algunos casos hartos, de política. Y no hay duda de que las divisiones entre el gobierno federal y ciertos sectores conservadores, se ahondarían en perjuicio de la sociedad.

Me parece sensata la postura de quienes señalan que los delitos cometidos por servidores públicos están ya tipificados, de manera que si uno o más ex presidentes incurrieron en ellos, ¿por qué no aplicarles la ley sin más? Hay que advertir que si el resultado de la consulta es favorable a que los “ex” se sometan a investigación, tal resultado sería vinculatorio, es decir, la Fiscalía quedaría obligada a investigar. Y eso sería como crear una ley por encima de los Códigos Penal y Procesal. Absurdo.

carlosomoncada@gmail.com