No es cómodo para un Gobierno de izquierda enfrentar movilizaciones políticas que se realizan en nombre de los de abajo. Los estudiantes normalistas, los profesores de la aguerrida CNTE o los vecinos de poblados o colonias sin servicios públicos, sin duda están más cerca de un Presidente como Andrés Manuel López Obrador que de uno como Enrique Peña Nieto, pero eso no quiere decir que quieran esperar sentados a que la 4T resuelva sus problemas.

El violento enfrentamiento este fin de semana entre la Guardia Nacional y los estudiantes vinculados al movimiento de los 43 desaparecidos ilustra la indigestión que puede provocar en el “Gobierno del pueblo” una zacapela con genuinos “representantes del pueblo”. Descalificar a manifestantes del movimiento feminista por presuntamente estar infiltrado por agitadores de derecha o acusar a los estudiantes del CIDE de aspiraciones pequeñoburguesas u obsesiones neoliberales es una cosa; pero otra muy distinta atribuir a la manipulación de conservadores las movilizaciones de sectores radicales de izquierda. A diferencia de la lógica de las carreteras, ser rebasado por la derecha es aceptable, ser rebasado por la izquierda daña la imagen del piloto que conduce un proyecto de cambio.

Tampoco se trata de aliados incondicionales de Morena que puedan ser utilizados a su arbitrio. Durante décadas el PRI usó a organizaciones clientelares en sus rencillas políticas. Sindicatos capaces de hacerle la vida imposible a un empresario, invasores de tierras o tomadores de edificios públicos que ponían en jaque a un Gobernador de oposición o incluso a priistas díscolos. Antorcha Campesina era tradicionalmente el músculo esgrimido cuando el poder decidía meter al orden a un funcionario o a un mandatario que quería salirse del huacal (con el tiempo, la tecnocracia sustituyó esa burda tarea recurriendo a mecanismos más sutiles como el uso del SAT y del sistema judicial).

Los bloqueos que la CNTE y grupos normalistas impusieron a las vías públicas en Michoacán, particularmente a las del ferrocarril, durante el Gobierno del incómodo Silvano Aureoles, despertaron sospechas de que el Gobierno federal había regresado a esas andadas. En realidad no fue así porque tales grupos son ingobernables; pero lo cierto es que, estallado el conflicto por adeudos locales pendientes, el Gobierno de la 4T no acudió al auxilio del entrampado Gobernador. Algo que sí hizo meses después, cuando Aureoles había sido sustituido por un mandatario morenista.

Pero no en todas las ocasiones los intereses de estos grupos y los de la 4T son coincidentes. Algunas de las demandas pueden ser intransitables para el Gobierno por motivos presupuestales; por ejemplo, la exigencia de plazas o aumentos salariales que terminarían por encender la pradera entre otros grupos de trabajadores. Y en otras ocasiones, como en el caso de la toma de casetas por parte de estudiantes o vecinos, porque la irritación que provoca en la opinión pública tiene un alto costo en materia de imagen y gobernabilidad.

El problema es que evitar tales bloqueos por vía de la negociación política, se ha vuelto imposible porque en realidad muchos de estos grupos lo han convertido en modus vivendi. Los millones de pesos que pueden obtener treinta muchachos por intervenir algunas horas la Autopista del Sol, a razón de cien pesos por automóvil, representan un ingreso que no obtendrían en ninguna plaza de maestro.

Para desgracia de la autoridad la proliferación de bloqueos tiene un doble impacto que termina por encarecer la factura política. Por un lado, una percepción de ingobernabilidad que socava la confianza en el Estado. Algo que ningún Gobierno, sea de izquierda o de derecha, puede permitirse indefinidamente. El otro es el daño económico que representa la interrupción del flujo de mercancías en trenes y camiones de carga, o el costo de la espera para decenas de miles de personas atoradas en los embudos. Un costo económico que flagela aún más la atribulada situación por la que pasa la actividad productiva y el empleo.

No es de extrañar que el Gobierno haya decidido hacer algo más que los inútiles exhortos a los que se encomendó los primeros tres años. Primero, penalizó con mayor severidad el bloqueo de vías de comunicación y, en los últimos días, ha intentado utilizar la fuerza pública para desalojar tales tomas de instalaciones. Y tampoco sorprende que haya comenzado en la carretera a Acapulco: entre el clima de inseguridad que vive el puerto y el vía crucis en que se ha convertido llegar a él desde la Ciudad de México, la nueva Gobernadora necesitaba hacer algo para detener el desplome turístico (que si bien no parece sufrir demasiado en número de visitante sí lo hace en materia de derrama, debido al menor poder adquisitivo de los turistas que ahora atrae).

No está claro cuál es el papel que terminará adoptando el Gobierno, considerando la negativa de estos grupos a ceder ante el uso de la fuerza por parte de la autoridad. A AMLO no le hace ninguna gracia asumir una imagen de represor de grupos sociales que inequívocamente forman parte del pueblo. Pero tampoco puede cruzarse de brazos ante la proliferación de estos delitos y el daño que ello provoca; amén de la percepción de debilidad o irresponsabilidad que su Gobierno estaría proyectando. Hasta ahora había nadado de muertito, pero esto se ha convertido en un lastre por el abuso político y económico de estos grupos. Este fin de semana arrojó un saldo de 14 miembros de la Guardia Nacional y ocho policías estatales heridos; ignorarlo supone también un costo político frente a fuerzas de seguridad agraviadas, que hasta ahora han sido aliadas incondicionales y que el presidente no querría incomodar.

Aplicar la ley y usar la fuerza o ceder; dos escenarios contrapuestos e igualmente incómodos, pero no parecen haber otros, a menos que el Presidente haga algo de magia política, a la que parecen refractarios estos curtidos protagonistas. Habrá que seguir el desenlace de esta historia.

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