Organizaciones de la sociedad civil denunciaron la privación ilegal de la libertad de 21 niños en Monterrey, Cancún y la Ciudad de México, todos en albergues pertenecientes a la Iglesia Cristiana Restaurada, entre ellos Casitas del Sur.

Privación ilegal de la libertad, sustracción y tráfico de menores, así como trata de personas, son algunos de los delitos cometidos por la mencionada “secta religiosa”, a decir de las asociaciones civiles Red por los Derechos la Infancia en México, Protégeme (de Cancún) y Alternativas Pacíficas (de Monterrey).

En rueda de prensa, exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga estas investigaciones, pues las procuradurías estatales, entre ellas la del Distrito Federal, han sido lentas en integrar las averiguaciones previas y detener a los responsables de esos albergues, algunos de los cuales “increíblemente” siguen operando.

De igual manera pidieron la atención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CHDH) y de otras comisiones estatales, pues a diferencia de la del Distrito Federal, han sido omisas.

Gerardo Sauri, director de la Red por los Derechos de la Infancia, lamentó que debido a que las víctimas no son de familias ricas, ni sus padres son acaudalados empresarios, las autoridades simplemente han ignorado sus casos, a diferencia del también “lamentable” caso Martí que logro movilizar a los gobiernos de todo el país.

En la conferencia estuvo presente la mamá de Ilse Michel, Mayra Martínez, quien pidió al gobierno federal buscar a su hija.

“El procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, ni siquiera ya ha querido contestar la llamada a mi madre para que nos informe sobre los avances de la investigación. No como y no duermo, pensando si mi hija comerá, si dormirá y si cada día abre sus ojos”.