La actual Legislatura ha invertido muchas, muchas horas de trabajo en examinar a los aspirantes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto Estatal de Información, Transparencia y Protección de Datos Personales (escribo con fallas este nombre kilométricamente absurdo, pero me entenderán).

Esos dos organismos, junto con el Sistema Estatal Anticorrupción, despertaron en sus tiempos optimistas expectativas entre los ciudadanos, pero en el momento actual los únicos optimistas son los que anhelan ocupar uno de los varios cargos en juego, no porque se estén muriendo por defender el derecho a la información, los derechos humanos o emprender el combate a la corrupción, sino por los buenos sueldos que se pagan.

La CEDH la mató Raúl Ramírez, quien atropelló, apenas asumió el puesto, los Derechos Humanos de todo el personal; lo dejó sin trabajo y no les pagó las prestaciones de Ley; todo para acomodar a sus amigos, y sobre todo, a sus amigas, en las plazas vacantes. Pudo haber paliado los atropellos del gobernador Padrés con una que otra recomendación –por ejemplo, en el caso de Gisela, la trabajadora doméstica a la que el mandatario metió a la cárcel casi cuatro años--, pero prefirió treparse al carro del nuevo jefe y hacer de las suyas junto con sus visitadores cómplices. Por otro lado, si el licenciado Avilés, que lo sucedió y que ya se va, envió alguna vez una recomendación, lo hizo en secreto porque nadie se enteró.

Lo que al principio se llamó Instituto de Transparencia Informativa nació, por iniciativa del gobernador Bours, como apéndice del Tribunal Estatal Electoral y ahí estuvo dos años, bombardeado por los teóricos de la Ciudad de México. Por fin se creó, en 2006, el Instituto de Transparencia Informativa en el que se hicieron piedra por diez años o más sus primeros consejeros.

La gente se dio vuelo preguntando el monto de los sueldos de los servidores públicos, del gobernador hasta abajo, cuánto recibían de viáticos cuando salían fuera de Estado y sólo de cuando en cuando algunos periodistas formulaban preguntas serias, aunque no pocas veces se toparon con que el jefe de la dependencia se protegía con la respuesta: “Información reservada”.

Para combatir la corrupción los diputados armaron un laberinto. Primero se formó la Comisión Anti Corrupción dentro de la Legislatura, que a su vez, y con la aprobación del Pleno, integró un comité de ciudadanos que tuvieron la misión de entrevistar y verificar los antecedentes de los ciudadanos que aspiraran a ser parte del Comité Anti Corrupción. No fueron los pocos particulares que participaron con afán en esta tarea. Ahora hay una iniciativa para hacer reformas al SEA, enviada por el gobernador Durazo. Cuando obtengamos una copia la comentaremos.

Resumo, para terminar estas reflexiones históricas, en que las personas que arriben a las instituciones que se indican están obligadas a renovar estrategias y conductas a fin de que deje el ciudadano de bostezar aguardando resultados que no llegan. Y los diputados deben escoger a los mejores con responsabilidad y honradez, sin cuidarse de que muestren simpatía por este o aquel partido político. Esas son tontería.

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