Cada vez que viene el presidente López Obrador a Sonora da buenas noticias, se avanza por aquí y por allá y nos lo informan con bien disimulada satisfacción. Pero los temas pendientes de resolverse continúan pendientes. Parece que la solución es anunciar un “plan de justicia” para cada región que padece problemas no resueltos, con la decisión de que sigan igual.

El “plan de justicia” para Cananea consistió en la atención a necesidades vitales aunque no se previene en él que el nefasto líder Napoleón devuelva los 50 millones que debe desde hace años a los trabajadores. El asunto se mantiene se mantiene mañosamente congelado. Y eso que la Corte emitió una resolución por segunda vez en el sentido de que don Napo está obligado a apoquinar, incluyendo los intereses correspondientes..

Para los yaquis, lo mejor. Estamos de acuerdo. El “plan de justicia” previene que de las presas del Valle del Yaqui han de recibir un volumen de agua mayor al que fijó el decreto del general Cárdenas, lo cual es maravilloso. Aunque se interpone la circunstancia, y lo ha explicado con claridad Alberto Vizcarra en diversas columnas, que materialmente no se alcanza a cubrir ni la mitad del volumen prometido. Y menos mientras sigan extrayendo agua para Hermosillo.

Tanto los sonorenses que viajamos por la carretera Internacional, como los turistas y los transportistas que están obligados a pasar por el territorio de esta etnia, sueñan en que termine la extorsión de que son víctimas sin quieren cubrir su ruta con normalidad. Les roban su dinero. Ahí se comete un delito y en una carretera federal, y debería ser sancionado. Por la vía de la negociación y los argumentos no se ha conseguido nada.

Y el Presidente acaba de declarar que no se ejercerá la fuerza para meter en cintura a los que extorsionan. ¿Desde cuándo es reprobable utilizar la fuerza pública para impedir la violación de la ley?

También habrá un “plan de justicia” para los seris, no faltaba más. Les dejó el Presidente la tarea de que estudien la supresión de la venta de permisos para cazar venados y borregos en su territorio, y a cambio, el gobierno federal les entregará las cantidades que dejen de ganar al proteger la fauna. Veremos qué le responden, y con qué argumentos, cuando realice la siguiente visita, que ya tiene fecha.

El pendiente más viejo es el de resarcir a los guarijíos de lo que perdieron con la construcción de la presa Pilares, aunque lo ideal sería, si fuera posible, devolver a los indígenas las condiciones de vida que les permitían aprovechar los recursos naturales de los que viven y las veredas, que no caminos, que les facilitaban comunicarse con rapidez.

¿Por qué no un “plan de justicia” para los guarijíos? El contenido sería lo de menos. Lo que importa es que presuman de un “plan de justicia” para que no se sientan discriminados ante los que ya cuentan con uno. Mejor prevenir, no vaya a salirnos de pronto Carlos Loret de Mola exigiendo también un “plan de justicia”.

Carlosomoncada@gmail.com