CDMX.-.- La Red Nacional de Periodistas (RNP) exigió al gobierno federal y a dueños y directivos de medios reconocer la función social del periodismo y su aportación a la vida democrática del país, sin menoscabo del respeto a la crítica y a la libre opinión, así como medidas concretas para acabar con la impunidad, violencia y precariedad laboral en el ejercicio periodístico.

El llamado “¡Las periodistas buscamos justicia, ya!” —en el marco del Día Internacional de la Mujer— fue dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, a las y los gobernadores de las entidades, a legisladores del Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las autoridades competentes en materia de defensa del ejercicio de la libertad de expresión y a las y los mexicanos. En él, la RNP expuso que las difíciles condiciones para el periodismo mexicano se han recrudecido en las últimas dos décadas.

Puntualizó que en lo que va del actual gobierno federal, tres mujeres periodistas de larga y reconocida trayectoria fueron asesinadas: Norma Sarabia Garduza, el 11 de junio de 2019 en Huamanguillo, Tabasco; María Elena Ferral Hernández, el 30 de marzo de 2020 en Papantla, Veracruz, y María de Lourdes Maldonado López, el 23 de enero de 2022 en Tijuana, Baja California. María Elena y Lourdes habían dado a conocer ante autoridades estatales y federales las amenazas y el riesgo que corrían, sin que se lograra prevenir sus muertes.

De igual forma, de diciembre de 2018 a la fecha, la RNP y Comunicación e Información de la Mujer, AC, han registrado 661 agresionesde tipo físico, laboral, digital, amenazas y diversos tipos de incidentes que vulneran el trabajo, la vida personal, la integridad física o emocional de las periodistas en prácticamente los 32 estados del país.

La RNP —fundada hace más de dos décadas y con cerca de mil 500 integrantes de 30 entidades— señaló que las periodistas también enfrentan desigualdad salarial, acoso laboral y sexual, sumado el alto riesgo que implica en México informar, ejercer la libertad de expresión y mostrar el uso indebido del ejercicio del poder, lo que puede costar la vida.

Calificó como una “violencia de la que poco se habla”, la práctica, cada vez más frecuente, de carecer de un contrato por escrito que establezca la relación laboral con las empresas, las prestaciones sociales son nulas y trabajar sin acceso a servicios de salud, vivienda o guarderías. Además, los dueños de medios de comunicación en su discurso de optimizar recursos por escasez de ingresos como efectos la pandemia Covid-19, han reducido la cantidad de personal y elevado la carga laboral, sin incrementar los sueldos.

Ante ello, pidió al gobierno federal medidas concretas, compromiso de los diversos niveles de autoridad, trabajo diligente y resultados palpables, particularmente de responsables de la procuración y la impartición de justicia; es decir, de las fiscalías y los poderes judiciales de los estados y federal, porque “está demostrado que el mensaje que manda la impunidad es contundente para abrir las puertas a cualquier agresión”.

Asimismo, pugnó para que se abra el diálogo directo en la discusión de la iniciativa para una ley general de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas que impulsa el gobierno federal, con el fin de que se incorporen las propuestas de las periodistas y para que el nuevo ordenamiento cuente con una verdadera perspectiva de género, y se base en las condiciones reales de trabajo, en el origen de las agresiones, el perfil de los agresores y en los resultados de la procuración e impartición de justicia frente en los casos denunciados.

Exigió a autoridades y dueños y directivos de medios de comunicación impulsar las acciones para garantizar contrataciones, seguros de riesgos, acceso a prestaciones, horarios y pago de horas extras, como marcan las leyes y aplicando la perspectiva de género. “Debemos dejar de ver el ejercicio periodístico como sinónimo de precariedad, de penurias y violencia”, recalcó.