La actual Legislatura acaba de aprobar una ley que autoriza enviar al panteón unas 35 o 36 iniciativas de ley aprobadas por anteriores diputaciones porque, en la mayoría de los casos, se suspendió el procedimiento para enviarlas al Ejecutivo para su publicación, o no fueron promulgadas, o simplemente no eran necesarias para regular las actividades de que tratan y fallecieron por inanición. En términos técnicos se puede decir que los ciudadanos nunca “las pelaron”.

¿Y a qué panteón las mandaron si no existe cementerio para que descansen las iniciativas descartadas para que no hagan bulto en los archivos?

Es cierto, no hay un panteón, pero debería haberlo. Estas treinta y tantas iniciativas a las que aplicaron la eutanasia legislativa forman parte de docenas y docenas de iniciativas que han sido liquidadas en igual forma. No me atrevería a calcular la cifra pero seguramente son ya varios cientos, pues se las manda a la otra vida desde hace varios años de montón en montón.

¿Esto pone en evidencia que los diputados no emplean de buena manera parte de su tiempo? En principio, sí lo hace evidente, aunque habría que examinar cada caso por separado y entonces quienes estaríamos perdiendo el tiempo somos los que investigamos. Por las observaciones que he realizado, desde la atalaya del periodismo, puedo afirmar que los diputados, sobre todo los que no han tenido experiencia anterior, se atarantan con el poder que reciben –el poder de legislar—y quieren resolver todo con una ley o con reformas a las leyes ya en vigor.

Hay que aplaudir su entusiasmo, pero el resultado es que al término de cada legislatura hay una estorbosa cantidad de iniciativas que nacieron sin vida y es necesario deshacerse de ellas.

La diputada Paloma Terán acaba de someter a la consideración de la asamblea un proyecto de reformas al Código Penal para que se considere delito la interferencia de un “jaqueador” en la comunicación que mantiene un ciudadano en las Redes o mediante su celular. Hacer tal cosa sin autorización del afectado se convertirá en delito.

Los pasantes de Derecho que se angustian porque no encuentran tema de tesis cuando se acercan al término de sus estudios, tendrán aquí (si la iniciativa se aprueba, apenas fue enviada a la comisión dictaminadora) uno interesante. Imaginemos, para comenzar, que ya fue denunciado el presunto “jaqueador”; la Fiscalía deberá acudir a quién sabe qué técnica diabólica para identificarlo, y luego demostrar que la acción ilegal no fue una simple travesura sino que el presunto delincuente actuó con dolo. Y que ha sufrido daño la víctima, la cual tendrá derecho a una compensación económica por daños y perjuicios. Con suerte, se logra que el juez fije al peligroso violador de la ley, digamos, 11 pesos con 50 centavos. La cantidad se elevará si se trata de un reincidente,.

Espera a los jueces y agentes de la autoridad una tarea difícil, pero no tanto como localizar y atrapar feminicidas, llevar a la cárcel a patadas a los golpeadores de mujeres y lograr sentencias de 50 o más años para los que se balacean en la vía pública.

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