Penas individuales de 100 años de prisión y multa global de 8 millones 613 mil 120 obtuvo la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) para cuatro sujetos, por el secuestro cometido en agravio de dos personas.
Las contundentes pruebas, mostradas durante el Juicio, fueron avaladas por el Juez para que dictará las sentencias para Luis Alberto “N.”, Jesús Daniel “N.”, Humberto “N.” y Julio César “N.”, 400 años de cárcel en total.
Son responsables del secuestro agravado en número de dos, por emplearse violencia física o moral y que quienes la lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas, que el o los autores hayan sido integrantes de alguna institución de seguridad pública.
Indagatorias realizadas por la Trilogía Investigadora, formada por el Agente del Ministerio Público, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y Servicios Periciales, determinaron la participación de los sujetos.
El 3 de diciembre de 2014 privaron de la libertad a una persona del sexo femenino, a quien vigilaron de días atrás, la sorprendieron al arribar a un domicilio en la colonia Mezquite y posteriormente exigieron 5 millones de pesos por su liberación.
Utilizaron un arma de fuego que le pusieron en la cabeza, la subieron a un vehículo Chevrolett Lumina, color blanco, cuatro puertas, le cubrieron el rostro y la mantuvieron cautiva en un domicilio en la colonia Libertad.
Para el 16 de diciembre de 2014 privaron de la libertad a un médico, a quien abordaron cerca de un hospital público, lo obligaron a subirse a su propio automóvil y con violencia se lo llevaron a un domicilio, pidieron 3 millones para dejarlo libre.
Después de las denuncias correspondientes, personal de la Fiscalía de Sonora con agentes de la Unidad Especializadas en Combate al Secuestro (UECS), de la AMIC, indagaron los hechos y ubicaron a los responsables de ambos ilícitos.
Luis Alberto “N.”, Jesús Daniel “N.”, Humberto “N.” y Julio César “N.” recibió cada uno 100 años de cárcel por ambos secuestros, las penas se incrementaron ya que al momento del ilícito pertenecían a una institución de seguridad pública.