El título de esta columna define a la reportera Reyna Ramírez, que ofendió esta semana al presidente AMLO, y lo ha ofendido en otras ocasiones, igual que a muchos otros políticos y funcionarios, y ofende y avergüenza –en esto no se han fijado los que comentan su conducta vulgar—a sus compañeros de profesión.

No se hagan bolas los que hablan de la Libertad de Expresión sin conocimiento de causa. La Libertad de Expresión es un derecho constitucional que el presidente AMLO demostró en esta rueda de prensa, y en muchas más, que respeta. Un derecho que Reyna arrastra por el suelo en detrimento, en primer término, de los demás periodistas. La Libertad de Prensa no ampara la difusión de groserías.

Las ruedas de prensa, no sólo las “mañaneras” sino todas las que ha habido antes y las que habrá en el futuro, se sujetan a reglas que convienen, no a quienes las organizan ni a los intereses de una empresa o consorcio de Comunicación, sino a los reporteros que participan en ellas.

Todos los que están ahí tienen derecho a preguntar y ven con preocupación cómo avanza el reloj hacia el final de la reunión. Y se topan con Reyna Ramírez, que desdeña a sus compañeros y monopoliza la palabra para ensartar sus necias observaciones. Pregunta y no da oportunidad para que conteste el funcionario, agrega otras cuestiones sin pies ni cabeza, más que preguntar, hace comentarios venenosos. Y el tiempo avanza, se agota, y le vale gorro la frustración de sus colegas.

Una de las ventajas de una rueda de prensa es que todo lo que en ella se diga o se discuta puede ser aprovechado por cualquier reportero presente, aunque ese reportero no haya formulado una sola pregunta. Las de Reyna Ramírez, carentes de base, oscuras, lanzadas a lo loco, para satisfacer el deseo insano de molestar no para dar luz a un problema social, no le sirven a nadie.

El caso de esta mujer debe ser materia de estudio de psicólogos. ¿La guía el infantil propósito de llamar la atención? ¿Está mal del coco? Yo la recuerdo haciendo preguntas tontas en los lunes de prensa del gobernador Eduardo Bours, siempre en busca de algo que destruir, por ejemplo, la lengua castellana. Eso lo hace muy bien.

RETO A LA AUTORIDAD

El inmenso número de propietarios de carros chuecos que ha decidido no pagar los derechos de regularización, constituye un reto a la autoridad. ¿Nos van a recoger los vehículos ¿Y dónde los van a resguardar?, preguntan.

Creo que los funcionarios competentes deben responder con firmeza. No es necesario construir locales para encerrar los vehículos, basta con cercar llanos y fijar cuotas por almacenamiento. El trabajo adicional que ello represente es lo que debe pagar el gobierno por tolerar el contrabando y la complicidad con los contrabandistas.

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