CDMX.- Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, salió del penal Santa Martha Acatitla después de permanecer tres años en prisión domiciliaria por su presunta responsabilidad en el caso conocido como la “Estafa Maestra”.

Vestida con un abrigo rojo, la exfuncionaria durante el gobierno de Enrique Peña Nieto salió del penal en que ingresó en agosto de 2019, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó cambiar la medida cautelar, por lo que enfrentará su proceso penal en libertad, pero tendrá que firmar cada 15 días y tiene prohibido abandonar el país.En un comunicado, la Fiscalía asegura que el Juez de Control determinó sustituirle la prisión preventiva justificada e imponerle las medidas cautelares de prohibición de salir del país sin autorización, entregar su pasaporte a la FGR y la presentación periódica ante esta Institución, para así cumplir la orden de la autoridad jurisdiccional.

La determinación es como respuesta a la solicitud de la ex funcionaria pública, quien el pasado 17 de agosto del año en curso, hizo la solicitud de cambio de medidas cautelares, para poder seguir su juicio en libertad con la imposición de las restricciones que la ley señala para estos casos, en razón de que diversas enfermedades le aquejan y por motivo de su edad.

Esto ocurre el mismo día en que es detenido el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, vinculado en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Además de la detención del ex procurador, esta noche ha informado que se han girado 83 ordenes de aprehensión. 20 de ellas son contra mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia. Las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice.