Después de la consumación de la Independencia en 1810, el proceso de colonización, que correspondía a una verdadera lógica histórica, no pudo ser acelerado en la región yaqui. Agréguense a esto causas múltiples que se articularon y hasta se enredaron. El resultado fue que los yaquis no sólo pudieron conservar su territorio, sino también lograron, por mucho tiempo, convertirse en el blanco del ejército mexicano.

Los intentos de colonización “salvaje” —es decir, emprendida sin plan previo— de las tierras yaquis poco después de la Independencia, fueron el producto de un estado cuya administración estaba todavía mal estructurada y cuya base política no estaba bien constituida (10 presidentes se sucedieron entre 1823 y 1837, y en Sonora cerca de 30 gobernadores). A esto se oponía la coherencia de la organización social de los yaquis tal como se había establecido sobre una nueva base político-religiosa. Amenazados inicialmente por la sociedad blanca, estos indios intervinieron como fuerza en una coyuntura marcada por la instalación de los poderes.

Poco después de la proclamación de la Independencia, y a pesar de los nuevos principios que regían la política indigenista, los responsables de Sonora consideraron que las tierras yaquis, las más interesantes de la región, bien podían soportar una población de más de 20 mil personas, o sea mucho más de lo que había en esas tierras (cerca de 15 mil). El gobierno de Sonora alentó a los colonos a instalarse sobre las orillas del río. Ante su creciente número, creó también centros administrativos en los pueblos donde dominaba la población no india. Pero este proceso de colonización rápida, registrada enseguida por la administración del gobierno sonorense, fue comprometido por las primeras rebeliones indias, que estallaron en 1825.

Los yaquis no aceptaron ni la entrega de títulos de propiedad sobre su territorio, ni la implantación de una administración del Estado, ni siquiera el levantamiento de impuestos, ya que todo esto significaba para ellos la negación de su propiedad colectiva e indivisa, así como la de la autonomía de su propio gobierno.

A estas razones de orden ideológico y político se sumaron las razones económicas: los colonos cuya presencia fue más o menos tolerada por los yaquis tuvieron una producción agrícola que compitió con la de los indios. Esto trajo como consecuencia que parte de ellos se vieran obligados a vender su fuerza de trabajo, es decir, a volverse peones en las tierras de los nuevos propietarios.

Poco después de los disturbios provocados por los yaquis, el proceso de colonización se suspendió durante un año, pero tanto los colonos como la administración buscaron reiniciarlo, lo cual suscitó oleadas continuas de rebeliones entre 1826 y 1833.

Estos movimientos (desde el primero en 1825) fueron obra de un jefe yaqui, Juan Ignacio Jusacamea, llamado “Banderas”, cuyo poder fue reforzado por el título de alcalde mayor del río Yaqui, otorgado por el gobierno local al final de la rebelión de 1826-1827.

Años más tarde, en 1832, pretendió hacerse reconocer como “rey” de los indios, para lo cual formó una confederación que agrupa las tribus yaquis, mayos, ópatas y pimas. Al considerar la lucha por la independencia del territorio de cada una de estas tribus como su meta, Banderas dio a este movimiento un carácter mesiánico, al conducir a estas diferentes etnias bajo el pendón de la Virgen de Guadalupe. Según la leyenda, la Virgen se había aparecido a Banderas con lo cual legitimaba la defensa de los territorios indios. (Continuará)