Más de 300,000 migrantes protegidos de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua podrían perder su permiso para continuar trabajando en Estados Unidos. Los migrantes han buscado extender su Estatus de Protección Temporal (“TPS” por sus siglas en inglés) en la corte federal ante la amenaza de no poder renovarlo. Las negociaciones que iniciaron en junio de 2021 entre la administración de Joe Biden y los abogados de migrantes han colapsado el pasado martes 25 de octubre.

Desde el gobierno de Trump existió la amenaza de terminar la protección hacia estos migrantes, sin embargo, se esperaba que este problema desapareciera en la administración de Biden ya que durante su campaña se comprometió a la protección de los migrantes.

Lamentablemente no se ha visto este compromiso en las negociaciones.

Hay un gran peso sobre el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para tomar la decisión de renovar o no los TPS. A pesar de que no se conoce la postura del Departamento de Seguridad Nacional, se ha dejado en claro que, en caso de que no se renueve el TPS, los migrantes afectados serán protegidos durante los próximos meses.

Muchas de estas personas han conservado este estatus por décadas. Esto es especialmente alarmante ya que estamos hablando de personas que están totalmente integradas en su comunidad y en la sociedad estadounidense, poseen un trabajo, han construido un hogar y han formado familias en este país. Estos ciudadanos se consideran totalmente estadounidenses y, aunque habrá quienes mantienen lazos fuertes con su país de origen, muchos consideran que Estados Unidos es su patria.

Me queda claro que la afectación más grande va a ser para las familias en riesgo de ser separadas. Muchas de las personas que migraron a inicios de los dos mil se han casado y han tenido hijos nacidos en Estados Unidos, ciudadanos estadounidenses legales. Estos hijos de padres migrantes, en la mayoría de los casos, han creado su vida únicamente dentro de este país y tienen aún menos conexión con el país de origen de sus padres. Sumado a esto, la violencia política y social que se vive en los diferentes países de origen es un factor que vuelve más deseable para los padres mantener a sus hijos en Estados Unidos, donde podrán tener mayor seguridad.

También es preciso hablar de los problemas económicos que pueden emanar de la decisión de no renovar los TPS. Tomemos por ejemplo aquellos provenientes de El Salvador bajo el TPS, los cuales se estima que son 240,000 personas y ocupan todo tipo de trabajos, mano de obra, empresarios, inversionistas, etc. El éxodo repentino de esta población podría crear inestabilidad económica y desbalance en el mercado de Estados Unidos. De la misma manera volteemos a ver a las personas que viven en El Salvador y dependen de las remesas que les envían sus familiares, quedarían totalmente devastados y sin sustento económico.

Merece ser reconocido el valor de la vida que han construido los migrantes después de décadas de haber llegado a Estados Unidos. Después de una etapa donde el individuo se ha integrado totalmente a un país, merece ser acreedor a una residencia permanente. Su futuro no puede depender de decisiones orientadas por fines políticos, viviendo con el constante miedo de no poder renovar su estatus de protección que solo le garantiza de 12 a 18 meses más de estancia en lo que ahora es su hogar. Es necesario brindarle estabilidad a las personas que llegaron hace años a Estados Unidos y evolucionar a un esquema que les facilite obtener la residencia permanente.

Ana Lucía Barro. Originaria de Cd. Obregón, estudia la licenciatura en Relaciones Internacionales del Tec de Monterrey en Guadalajara.