El pasado martes 15, el juez federal Emmet Sullivan ordenó a la administración de Joe Biden anular el Título 42, una norma de Estados Unidos que se venía usando desde la administración de Trump para expulsar a migrantes por motivo de la pandemia por Covid-19.

El juez llamó a esta restricción “arbitraria y caprichosa”.

La decisión tiene efecto inmediato, sin embargo, se pidió extender la fecha de suspensión hasta el 21 de diciembre para poder llevar a cabo la preparación necesaria. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que usaría las próximas cinco semanas para “prepararse para una transición ordenada a nuevas políticas en la frontera”.

El Título 42 era una cláusula de la Ley de Servicios de Salud Pública de 1944 que rara vez se usaba hasta que la administración de Trump comenzó a usarla en 2020 para evitar que los inmigrantes ingresaran a Estados Unidos. El Título 42 otorga al gobierno la capacidad de tomar medidas de emergencia para detener la "introducción de enfermedades transmisibles".

Fue así como el gobierno de Trump usó la norma para designar a miles de migrantes para “expulsión”. El uso indebido del Título 42 ha llevado a la expulsión de adultos a las pocas horas de ingresar al país, a menudo sin posibilidad de solicitar asilo y sin documentación de ningún proceso debido. Se negó a estos migrantes su derecho a buscar protección contra la tortura y la persecución en sus países de origen.

Se han expulsado migrantes casi 2.4 millones de veces bajo la norma desde que se activó en marzo de 2020.

A pesar de que fue durante el gobierno de Trump cuando se puso en marcha el Título 42, permaneció con Biden e incluso aumentaron las expulsiones de migrantes. En mayo se llegó al nivel más alto de detenciones con 7,800 por día. En octubre se procesaron a más de 230,000 migrantes, una de las cifras más altas. Casi 80.000 de estos fueron expulsados de vuelta a sus países sin oportunidad de exponer sus casos a jueces de inmigración. Las personas de Guatemala, Honduras y El Salvador han sido las más afectadas.

Grupos de defensores de migrantes han peleado durante meses en contra del Título 42, pero senadores republicanos e incluso varios demócratas apoyaron la permanencia de la norma.

La decisión de este martes es una consecuencia de una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), que argumenta que el Título 42 pone a los migrantes en una situación de peligro y viola la ley de así lo estadounidense. La ACLU afirmó también en un comunicado que “usar el Título 42 contra los solicitantes de asilo era inhumano y estaba impulsado puramente por temas políticos. Esperamos que el fallo acabe de una vez por todas con esta política horrible”.

Es fundamental la participación de la sociedad civil para exigir los derechos de los grupos más vulnerables. Ya existía conocimiento de que por medio del Título 42 se negaba a los migrantes su derecho a solicitar asilo en Estados Unidos pero no fue hasta que hubo acción por parte de la ciudadanía que se logró un cambio real.

Esta medida evita tener necesidad de crear políticas migratorias integrales y toma como excusa la pandemia para ignorar una problemática mucho más amplia.