La Suprema Corte de Estados Unidos va a evaluar la legalidad del plan del presidente Biden para perdonar la deuda estudiantil a millones de estadounidenses.

En noviembre un juez de primera instancia determinó que el programa era ilegal y, en ese mismo mes, un tribunal federal de apelaciones en St. Louis emitió una orden judicial contra la iniciativa. Después de esto, el caso pasó a la Suprema Corte para definir si el plan de Biden se apega a la ley o no. Hasta que se resuelva la disputa el programa va a permanecer en espera.

La iniciativa de la administración de Biden se ha convertido en un centro de una batalla legal después de que seis estados del país controlados por republicanos, Iowa, Arkansas, Kansas, Missouri, Nebraska y Carolina del Sur, desafiaran el plan. Los estados argumentaron que el presidente se había excedido en sus poderes al crear el programa sin la aprobación explícita del Congreso.

El “Plan de alivio de la deuda estudiantil de la Administración Biden” busca ayudar a los prestatarios de préstamos federales para estudiantes de la clase media tomando en cuenta las dificultades económicas que causó la pandemia de Covid-19. Este plan consiste de 3 partes.

La primera es extender la pausa en los pagos de los préstamos estudiantiles hasta el 31 de diciembre de 2022. La segunda, y más controversial, es proporcionar un alivio de la deuda dirigido a las familias de medianos y bajos ingresos. La tercera es hacer que el sistema de préstamos estudiantiles sea más accesible para los prestatarios actuales y futuros.

Veamos ahora más detalles de la segunda parte del programa para entender por qué ha causado tanta polémica. Se establece que el Departamento de Educación de Estados Unidos proporcionará hasta $20,000 dólares en alivio de la deuda a los beneficiarios de las Becas Pell con préstamos que sean propiedad del Departamento de Educación. A aquellas personas que no cuentan con la beca se les proporcionará hasta $10,000 dólares en alivio de la deuda.

Más de 26 millones de personas ya han aplicado para el programa y se han aprobado 16 millones, según datos del Departamento de Educación. La Casa Blanca había estimado previamente que un total de 43 millones de personas se verían afectadas por el plan y para 20 millones su deuda quedaría completamente cancelada.

Se estima que el programa tendrá un costo de 400 mil millones de dólares para el Departamento de Educación.

El problema aquí es que las deudas no desaparecen. El “perdonar la deuda” a millones de estudiantes no significa que esta se elimina o cancela, solo significa que alguien más va a pagarla. En otras palabras, el gobierno las pagará con dinero de los contribuyentes estadounidenses.

Ciudadanos estadounidenses que ni siquiera cuentan con un título universitario, ya sea por decisión o porque no pudieron pagarlo para ellos mismos, van a pagar por este programa. De igual manera lo pagarán aquellos prestatarios responsables que administraron sus ingresos absteniéndose de lujos o trabajaron más allá de sus capacidades para pagar su deuda.

Aunque para algunos las razones anteriores son egoístas, los aspectos negativos del programa van más allá.No se resuelve la raíz del problema que es la inflación de la educación superior y la tiranía de

las instituciones educativas. Llevar a cabo el programa sería regresivo e incentivaría aún más la inflación de los costos universitarios. A pesar de que se toma una imagen de ayuda a las clases medias y bajas, los principales beneficiados van a ser las clases altas que controlan las universidades al recibir miles de millones de dólares de parte de los contribuyentes.