Polémica, controvertida e impugnada por voces opositoras que la consideran una “ley mordaza”, pero necesaria para poner orden en su materia, llega al Congreso del Estado la iniciativa para aprobar la Ley de Comunicación Social para el Estado de Sonora.

El objetivo central es debe terminar con los vicios políticos del desvío de recursos públicos que significa el gasto excesivo en publicidad, así como proteger la equidad en la contienda política, argumentó la diputada Ernestina Castro Valenzuela al presentar la iniciativa ante el Pleno del Congreso.

Agregó que se busca garantizar el derecho a la información sobre la actuación y rendición de cuentas de los entes públicos, a través de la propaganda gubernamental. 

Castro Valenzuela añadió que, por varios años, el Gobierno del Estado de Sonora ha destinado cifras millonarias para fortalecer su imagen, especialmente en años electorales, señalando que “a nivel estatal, la ausencia de transparencia en los gastos de publicidad oficial es frecuente”.

Y bajo esa práctica se ampara una legión de columnistas, periodistas improvisados y medios sin ninguna relevancia social, de escasos lectores y nulo profesionalismo. En Cajeme hay varios casos, pero en Hermosillo es impresionante el número de columnistas que han vivido de contratos jugosos sólo por alabar o ser corifeos del llamado círculo rojo del poder. Una cultura “periodística” que floreció durante los años del priismo hegemónico y sobrevivió cómodamente en seis años de panismo.

Hoy tratan de acomodarse, de mantener sus privilegios, y algunos lo han logrado.

El meollo del asunto

Bien justificada, esta Ley que ya ha sido aprobada en otras entidades del país pues tiene de referencia la Ley General de Comunicación Social propuesta por el Gobierno de la República.

Lo menos que se ha dicho es que se trata de una propuesta inconstitucional, que atenta contra la libertad de información y el trabajo en general de los medios de comunicación.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ya presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.

Y enseguida muchos medios han secundado las críticas y se enrolan en el bloque opositor que tratará de impedir a como dé lugar la vigencia de la nueva Ley.

En el fondo de este rechazo sobresale la limitación impuesta al gasto de los gobiernos federal y locales destinado a la publicidad y propaganda en los medios. 

Esta postura surge del temor de muchos medios, tal vez la mayoría, que subsisten sólo gracias a los contratos de publicidad oficial. Aquí está “el meollo del asunto”.