HERMOSILLO.- Mediante el acuerdo de colaboración que existe entre las Fiscalías de Baja California y Sonora, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía de Sonora cumplimentaron tres órdenes de aprehensión, emitidas por una Juez de Tijuana, por el delito de fraude en perjuicio de más de 700 estudiantes. 

Gracias a los trabajos de campo y gabinete, de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Baja California, se logró ubicar en Sonora a los probables responsables de fraudar a los estudiantes de las escuelas privadas: Centro de Asesorías Técnicas de Tijuana (CEATT), de IECA, del Centro Educativo de Baja California (CEBC) y de ACIT Educación, y se solicitó la colaboración interinstitucional de la Fiscalía de Sonora para sus detenciones.

Alfonso Rafael “N.”, de 26 años de edad, y Beatriz “N.”, ambos originarios de Tijuana, Baja California, así como a Bryan Alexis “N.”, de 35 años, originario de El Salvador fueron detenidos por agentes AMIC en la colonia Villas del Real, de la capital del Estado, y entregados a las autoridades de Baja California para que sigan su proceso legal en esa entidad.

Estas detenciones fueron producto de las denuncias interpuestas por estudiantes de Tijuana y Mexicali, que confiaron en la oferta educativa de las escuelas las cuales ofrecían concluir el bachillerato en unos cuantos meses, sin embargo, ninguna de ellas estaba acreditada para entregar certificados con validez oficial.

Alfonso Rafael “N.” fungía como dueño y director del Centro Educativo de Baja California (CEBC) y Beatriz “N.” era administradora de ACIT Educación, los estudiantes afectados los acusan de cometer fraude y haber desaparecido de las localidades sin hacerse responsables de las afectaciones.

En estos centros educativos, los alumnos pagaban cuotas escolares para cumplir con su carga académica y obtener su certificado de bachillerato, sin embargo, esto no fue posible y todo quedó al descubierto cuando fueron informados que sus estudios carecían de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública. 

Las empresas educativas cerraron sus puertas sorpresivamente y dejaron en la incertidumbre a los alumnos quienes procedieron a denunciar los hechos en la Fiscalía del Estado de Baja California, solicitando una solución a su situación, el reembolso de sus cuotas y recuperar la documentación personal que les pidieron a su ingreso a esas “escuelas patito”.