A principios de este mes, la Dirección General de Verificación y Análisis Patrimonial de la Secretaría de Contraloría del Estado, comenzó a aplicar a servidores ´públicos, hombres y mujeres, un infamante “examen de control de integridad”, con procedimientos propios de gobiernos dictatoriales.

En un documento oficial que tengo a la vista, se dice que tal examen se realiza con base en el Régimen Especial de Riesgos de Corrupción previsto en el Decreto expedido por el titular del Poder Ejecutivo en octubre del año pasado. La finalidad “es la de identificar, medir y administrar los riesgos y áreas de oportunidad de los servidores públicos”.

A la luz de esa explicación, se supone que el examen debe aplicarse a servidores públicos que manejan dinero, los que contratan servicios y personas para que realicen trabajos para el Estado, los autorizados para llevar al cabo operaciones bancarias, los que velan por la seguridad de personas y edificios y otros por el estilo.

Pero los servidores públicos fueron escogidos por cerebros obtusos con intención equívoca: damas que llevan décadas de puntual y fiel entrega al gobierno, cuyas labores nada tienen que ver con las citadas en el párrafo anterior, han sido humilladas con preguntas sucias como ¿Has pagado por tener sexo con menores de edad? ¿Vendes drogas o tienes que ver con el narcotráfico? ¿Has permitido que otros sustraigan bienes de tu lugar de trabajo?

Para interrogarlas, se las encierra en una cabina reducida en la que oyen la voz intimidatoria del interrogador, sin verlo, mientras en una pantalla con luces alternativamente verdes o rojas se las aturde con la insistencia de que respondan SÍ o NO sin más aclaración ni queja. Se utilizan métodos que aplastaron a hombres y mujeres de bien en tiempos de Hitler y de Stalin. Además, se les hizo firmar, previamente, la promesa de que no comentarían con otros el atropello de que se las hizo víctimas. Tal vez por eso los líderes del Sindicato de burócratas han guardado silencio.

(Tal vez por eso, o porque ponen primero el interés servil de agachar la cabeza ante los funcionarios, y para después, si acaso, el compromiso valiente de salir en defensa de sus compañeras)

No sólo las mujeres ofendidas, también algunos varones que pasaron por la brutal experiencia, salieron en busca de ayuda psicológica para tranquilizarse. No hallan explicación suficiente para este trato indigno, y lo primero que se les ocurre, dado que muchos están cerca de la jubilación (con expedientes limpios, desde luego) es que se preparan despidos sin garantía de las prestaciones de Ley.

Este columnista opina que podría tratarse de una razón más sencilla: que es pura imbecilidad de funcionarios de tercera fila. Imbecilidad pura.

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