La adelantada selección a la presidencia del candidato de Morena tiene enormes ventajas políticas: le da a los aspirantes oficiales mucho más tiempo de exposición que a sus adversarios, a López Obrador le ofrece un año para preparar al equipo que entrará a su relevo y da tiempo para restañar heridas que deje el proceso sucesorio. Si consideramos el estado catatónico de la oposición habría que aceptar que al asumir esta estrategia el partido en el poder está haciendo las cosas bien. Sin duda. Pero habría que estar consciente de que, al hacerlo, hay otras que podrían salir muy mal.

Para empezar, la violación de la ley y las implicaciones que eso conlleva. Coincido con los que piensan que las normas diseñadas para acotar las precampañas y las campañas son inadecuadas y obsoletas en muchos sentidos. En un afán de controlar los excesos, la legislación electoral es el típico caso de una excesiva reglamentación destinada a concentrarse en las faltas puntuales mientras se dejan pasar los pecados capitales. Me recuerda los señalamientos en las carreteras mexicanas, que en algunos tramos limitan la velocidad a 60 o 70 kilómetros por hora, probablemente reminiscencias de un reglamento de hace 50 años. Límites tan absurdos que resultan imposible cumplir y hacen de cada conductor un infractor. El típico caso de un corsé en el que solo un anoréxico puede entrar. En la práctica, todo partido y toda campaña se ve en la obligación de encontrar subterfugios para operar.

Algo así pero en mayor escala está haciendo ahora el partido oficial. La ley autoriza precampañas en noviembre de este año, no antes. Para realizarlas Morena tuvo que inventarse un eufemismo denominado Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y lo que ahora está eligiendo sería, en teoría, un coordinador para dirigirlos. Pero todo México, empezando por López Obrador, entiende que lo anterior no es más que una simulación. Podría sostenerse que esto no es inmoral tratándose de una ley en muchos sentidos absurda y concebida teniendo en mente otro tipo de abusos, pero deja un mal sabor de boca. Particularmente tratándose de un movimiento que entre sus objetivos persigue dignificar los valores que rigen a la vida pública del país. Habría sido deseable, y posible, modificar la ley utilizando sus mayorías en el congreso paraLo anterior no pasa de ser una abolladura de imagen, si se quiere. Preocupante como es, hay algo más grave. El evidente riesgo de que, al margen del título que reciban estas precampañas, los no-candidatos cometan violaciones flagrantes a la ley y que eso desencadene procesos desgastantes o, incluso, explosivos. Recordemos que al menos hay dos gobernadores de Morena que tuvieron que entrar al “reemplazo” de candidatos objetados por las leyes electorales (Guerrero y Michoacán).

No hay normas que impidan a seis personas luchar para presidir un Comité de Defensa de un partido, un cargo que no existe en la legislación electoral y, por lo mismo, no está prohibido. Lo que sí está prohibido explícitamente antes de noviembre es pedir financiamiento, solicitar votos y desplegar promesas y proyectos de lo que van a hacer si llegan a la presidencia del país. No va a ser fácil que los cuartos de guerra de los aspirantes mantengan la disciplina necesaria para no infringir la ley. Más bien lo contrario, sería extrañísimo que con tantas restricciones no la infringieran.

¿Cómo imaginarse una campaña sin solicitar el voto a favor, hacer promesas o mostrar la bondad de sus planes para gobernar?  Y en materia de financiamiento tendrán que hacer malabares para pintar bardas y espectaculares, organizar actos masivos, imprimir volantes, realizar viajes y mitines, y un largo etcétera, y pretender que eso no tuvo ningún costo. Y, por lo demás, no será fácil controlar a los tontos con iniciativa, que en su afán de lucirse y hacer méritos terminen cometiendo abusos groseros.

Me parece que el partido tendría que cuidar en particular a sus dos principales candidatos, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard y asegurar que ninguno de ellos corra el riego de alguna inhabilitación catastrófica. Es tanto lo que está en juego que los equipos de ambos no ahorrarán esfuerzos, con tal de ganar un centímetro a su rival. No son ellos los que optarán por la autocontención. Lo peor que podría pasar es que México termine siendo gobernado no por lo mejor que tenía el partido, sino por lo único que quedó vigente en esta contienda en donde hay varios que están de paja. El líder del movimiento o, al menos, el presidente del partido, tendría que establecer en corto, con ambos cuarteles de campaña, reglas estrictas para evitar este riesgo.

¿Estoy exagerando el peligro? No creo. Si examinamos los reveses legales que se ha llevado el gobierno a lo largo del sexenio, el balance resultante invita a la precaución. Aspectos fundamentales del proyecto obradorista, igualmente trascendentes, fueron paralizados en tribunales intermedios o en la Suprema Corte. Con la salida de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama del INE, ahora presidido por Guadalupe Taddei, la mezcla es menos hostil a la 4T, pero su composición sigue siendo variopinta. Frente a una violación ostensible no sería improbable que se sientan en la obligación de tomar medidas, al menos en contra de los casos más groseros, para salvar su imagen. Y el Tribunal Federal Electoral, última instancia al respecto, es de una inconsistencia que desaconseja cualquier certidumbre. Morena tendría que asegurar que ninguno de sus dos verdaderos candidatos se encuentren en situación vulnerable.

Es cierto, como ha dicho el presidente una y otra vez, que los jueces en muchas ocasiones han actuando con un sesgo al conceder amparos y emitir rechazos a iniciativas y proyectos de la 4T, y probablemente hay corrupción en algunas decisiones que terminan liberando a presuntos criminales en temas de justicia. Pero también hay que decir que tales decisiones jurídicas en muchas ocasiones fueron favorecidas por la torpeza de los operadores oficiales, el desaseo de legisladores de Morena o la negligencia de fiscales que no hicieron su trabajo.

Morena tiene que estar consciente de que, por razones políticas, decidió transitar por una ruta no autorizada por la ley vigente. Lo menos que puede hacer es ir a ello de manera consciente, minimizando riesgos y sin aspavientos. No hay nada en el pasado reciente que lleve a pensar que el gobierno posee una patente de corzo o una exención que le permita operar por encima de las normas, salvo la soberbia injustificada. Es mucho lo que está en juego como para que por errores y excesos la enorme ventaja que tiene el obradorismo sobre la oposición termine litigándose en tribunales.