En honor a los optimistas que creen que no hay en la vida un problema imposible de resolver, dejo la calificación en “casi imposible”. Pero la más reciente información de la DEA nos lleva a concluir que la lucha, que de por sí ha sido larga, no lleva trazas de que acabará con el triunfo de la Ley.

Sólo por lo que concierne al grupo sinaloense de Los Chapitos, con su ramificación a Sonora, más el grupo Nueva Generación, de Jalisco, hay unos 45 mil delincuentes repartidos en cien países, frente a unos 9 mil agentes de la DEA que tratan de eliminarlos. No son datos para ponerse a saltar de gusto

Planteado con ese simplismo, 9 mil buenos y 45 mil malos, es evidente que estamos derrotados. Pero al desmontar las piezas de la máquina asoman esperanzas: con ayuda de los familiares del vicioso, algunos consumidores de droga pueden ser retirados de la masa que sostiene a los traficantes, y evitar que nuevos adolescentes y jóvenes se agreguen a quienes consumen.

Y hay un dato de suma importancia que la DEA se guarda: ¿cuenta entre los miembros de las mafias a autoridades y agentes policiacos coludidos con los narcos? Los ciudadanos desconfiamos de muchos de ellos que constituyen la vía lógica de información para mantener a salvo a los delincuentes. Si se les combatiera formalmente sin duda que bajaría sensiblemente la diferencia entre malos y buenos.

Entonces sí, con probabilidades de acertar, podríamos aventurar la tesis de que esta guerra agobiante podría ganarse. Sólo que habría que contar con el apoyo valeroso y decidido de quienes están arriba, muy arriba.

¡QUÉ BUEN PROBLEMA LEGAL!

Con razones que no pueden desecharse sin más, funcionarios electorales y políticos experimentados en la materia, sostienen que el presidente AMLO viola la ley al externar opiniones bien a favor de algunos precandidatos, bien contra otros.

El ejército que simpatiza con AMLO defiende su derecho a expresar sin cortapisas sus opiniones.

No voy a ponerme a teorizar al respecto porque no llegaríamos a una conclusión satisfactoria para ambos bandos, sino a plantear una cuestión práctica. Si el Tribunal Federal Electoral o la Suprema Corte fallan en el sentido de que el Presidente viola la ley y se atreven a fijarle una sanción, ¿cuál será el procedimiento para obligarle a que la cumpla? Si es una sanción en efectivo, ¿habrá un servidor público que le haga el descuento correspondiente de su paga mensual? Y si se le prohíbe que siga trasmitiendo las mañaneras, ¿algún técnico irá a cerrar los micrófonos y líneas de trasmisión que hacen llegar a todo el país el mensaje presidencial cotidiano?

El camino de las campañas formales apenas va a comenzar. A ver si se atreve un constitucionalista a proponer una salida a este enredo.

Carlosomoncada@gmail.com