Un grupo de ciudadanos cajemenses acudieron a la fuente ubicada en la entrada sur de la ciudad (calle 200 y  Miguel Alemán) para manifestarse por el aniversario de la tragedia de Ayotzinapa ocurrida en 2014. 

El grupo estuvo encabezado por el activista Rosendo Arrayales quien expresó la decepción de muchos mexicanas, en especial de las familias de los normalistas desaparecidos, porque en los cinco años del gobierno actual no se ha tenido un avance sustancial que permita saber con certeza qué ocurrió la noche del 26 de septiembre hace nueve años y quiénes estuvieron involucrados en esta masacre.

Arrayales adelantó que mientras no haya justicia plena para los normalistas desaparecidos miles de mexicanos seguirán manifestando en todo el país su demanda.

Gobierno admite vínculos entre militares y Guerreros Unidos

A nueve años del caso Ayotzinapa, el Gobierno de México reconoció –a través de un documento que recientemente les fue entregado a los padres de los normalistas desaparecidos en 2014– la existencia de vínculos entre altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y el grupo criminal Guerreros Unidos.

El documento que la comisión especial del caso Ayotzinapa de la Secretaría de Gobernación hizo público este martes, señala que en dos administraciones federales 132 personas se mantienen detenidas por la desaparición de los normalistas y que 14 de estos son militares, entre ellos: el coronel José Rodriguez Pérez, comandante del 27 batallón de infantería con sede en Iguala, Guerrero, el capitán José Martínez Crespo y el coronel Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 batallón con sede en Teloloapan, Guerrero.

“Estos elementos recibían dinero de Guerreros Unidos, proveían armas y municiones, facilitaban el trasiego de drogas y brindaban protección al grupo delictivo”, se lee en el documento de 34 páginas.

Dichos señalamientos en contra del personal castrense se basan declaraciones de un testigo protegido denominado “Juan” al que citan en el informe y conversaciones telefónicas vía whatsapp y mensajes SMS aportados por la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA por sus siglas en inglés) y lo cual confirma la teoría planteada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la infiltración del crimen organizado entre autoridades de todos los niveles de gobierno, incluido el Ejército.