CIDH pide a México romper pacto de silencio de Ayotzinapa
DW
Jueves 9 de Noviembre de 2023

Así se expresó la comisionada de la CIDH para México, Esmeralda Arosemena, durante una audiencia del organismo en Washington donde los familiares de los jóvenes denunciaron que la investigación del Gobierno de Andrés  Manuel López Obrador   "va en picada" por las presiones del Ejército.

"Hay un pacto de silencio que no ha permitido que el caso Ayotzinapa  llegue a un desarrollo para alcanzar la verdad y someter a la justicia a los responsables a pesar de que hay identificados a las personas", lamentó Arosemena.

La comisionada recalcó que la resolución del caso requiere de una "voluntad expresa" y de "información clara", y expresó el compromiso de la CIDH de "acompañar" a las familias y al Estado hasta lograr el total esclarecimiento de los hechos ocurridos hace nueve. años.

Según la versión desacreditada del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), conocida como "verdad histórica", los 43 estudiantes de Ayotzinapa (Guerrero) fueron detenidos en septiembre de 2014 por policías corruptos vinculados con el crimen organizado que los asesinaron e incineraron. en un basurero.

En 2018, López Obrador reabrió las pesquisas y se ordenó la captura de militares vinculados al caso. Pero según las familias, la falta de voluntad del Gobierno y las presiones del Ejército han impedido nuevos avances y han derivado en la renuncia del fiscal especial del caso Omar Gómez Trejo y en la salida de los expertos de la CIDH del país.

 

"Politización de la Justicia en México"

Durante la audiencia de este miércoles, el abogado de las familias Santiago Aguirre, del Centro Prodh, denunció que el Gobierno de López Obrador ha "desmantelado" la Comisión de la Verdad y la fiscalía especial que se crearon para resolver el caso y que los avances. han quedado "truncados".

Criticó la "tremenda politización de la justicia en México" y el "inédito empoderamiento del Ejército". Además, expresó preocupación por las investigaciones sobre el ya exfiscal Gómez Trejo y el también dimitido subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, quienes intentaron resolver el caso.

El también abogado Vidulfo Rosales lamentó que "la investigación va en picado y en franco retroceso", mientras que Mario González, padre de los estudiantes César Manuel González, dijo que los familiares están "enojados, decepcionados, fastidiados y encabronados".

 

 

 

 
 

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