¿Quiere usted tener acceso a datos o información administrativa que el gobierno municipal aún no ha publicado?

Ármese de paciencia y no descarte una frustración. La ley en la materia otorga a los gobiernos cuando menos 15 días para responder a las solicitudes ciudadanas de información no publicada.

Y después de tener paciencia, prepárese para una posible frustración porque con cualquier pretexto los funcionarios públicos niegan la información solicitada, la entregan de manera parcial o sin actualizar, tal vez amparados en algún recoveco legal se la entregarán en pequeñas dosis para hacerlo ir y venir hasta que se canse. 

Esta realidad desanima a muchos ciudadanos, sólo los aferrados están dispuestos al ir y venir por las oficinas de "Transparencia Informativa" hasta obtener una respuesta satisfactoria.

Las víctimas más frecuentes de este burocratismo son los periodistas quienes, por la naturaleza de su trabajo, requieren información si no inmediata cuando menos en un plazo comprensible antes de que pierda actualidad el tema para el que se solicita información.

Aquí en Cajeme periodistas como Dulce Fajardo de Mega Noticias y Gustavo Zamora de Síntesis Noticias dan testimonios de la barrera que se les ha impuesto para negarles información solicitada a través de los mecanismos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Esa barrera se llama "información reservada", es decir, información que no se puede proporcionar por razones de seguridad pública o protección de datos personales.

Diana Biebrich, integrante "Cajeme Cómo Vamos", refiere la investigación que realiza esta asociación sobre los contratos del Ayuntamiento, reconoce avances pero también señala limitacones, como sucede con el contrato firmado para ceder el servicio de alumbrado pública a una nueva empresa, un contrato multimillonario de varios años y del que, dice Diana, no se proporciona la información solicitada. 

Y los sujetos "desobligados"

Cuando se toca este tema generalmente se hace referencia a los gobiernos de diferente nivel, pero también son sujetos obligados a proporcionar informacón los partidos políticos, organizaciones gremiales y otras organizaciones que reciben recursos públicos.

Éstos son raramente requeridos por ciudadanos y periodistas pese aque algunos, en particular los partidos, reciben cientos de millones de pesos del erario.

Una revisión superficial de sus cuentas administrativas arrojaría resultados sorprendentes al comprobar lo que ya se sabe o sospecha: El gasto en renglones donde los proveedores tienen cercanía con los dirigentes. O gastos exagerados en viajes y viáticos.

Ineficiencia reconocida

La transparencia informativa y la obligación de los gobiernos de dar la información que soliciten los ciudadanos, un atributo de los regímenes democráticos, se cumple sólo a medias en México pese a que desde el 2002 se decretó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Desde entonces el órgano encargado de hacer valer dicha ley, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), ha rcibido más críticas que reconocimientos por su tortuguismo burocrático y su presunta parcialidad.

Su utilidad incluso ha sido cuestionada por el presidente Andrés Manul López Obrador que amenaza con hacerlo desaparecer, intención que refuerzan los gobiernos afines a nivel regional.

Aquí en Cajeme el alcalde Javier Lamarque, secundando a AMLO, declaró que "el INAI sólo funciona para los de abajo pero no para los de arriba".

Pero la Ley de Transparencia al parecer no funciona para los de abajo, o sólo parcialmente o a modo de las necesidades del gobierno en turno.