El asesinato de los jesuitas en la Tarahumara catalizó la postura de la Iglesia. La jerarquía católica ha pasado a ser un actor abiertamente crítico al gobierno. Y abraza las causas de una oposición acechante en este inicio de las campañas electorales.

A unos días del asesinato artero de los dos religiosos, el episcopado emitió un severo mensaje, 23 de junio de 2022, que denunciaba: “Hacemos un llamado al gobierno federal y a los distintos niveles de autoridades: es tiempo de revisar las estrategias de seguridad que están fracasando. Es tiempo de escuchar a la ciudadanía, a las voces de miles de familiares de las víctimas, de asesinados y desaparecidos… Creemos que no es útil negar la realidad y tampoco culpar a tiempos pasados de lo que nos toca resolver ahora. Escucharnos no hace débil a nadie, al contrario, nos fortalece como nación”.

A dos años del sacrificio de los jesuitas las cosas ya no son las mismas. Las relaciones Iglesia-Estado se han deteriorado. El presidente de la CEM, Rogelio Cabrera, catalogó el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, en junio de 2022, de “punto de inflexión” para la Iglesia mexicana, pues ahí nació el “movimiento nacional” que ha desembocado en el Compromiso por la paz.

A pesar de su crisis, caída de fieles y pérdida de legitimidad por numerosos escándalos, la Iglesia ha mostrado que sigue teniendo capacidad de convocatoria. Este lunes 10, los candidatos presidenciales Xóchitl Gálvez (Fuerza y Corazón por México) y Jorge Álvarez Máynez (Movimiento Ciudadano), así como la candidata de Morena, PVEM y PT, Claudia Sheinbaum, firmaron el Compromiso por la paz, es decir, un conjunto de iniciativas enfocadas a combatir la violencia y la inseguridad, propuestas por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

La candidata Claudia Sheinbaum, de Morena, firmó el documento del episcopado, expresando diferencias respecto al análisis de la realidad. Señaló que “por honestidad y congruencia, firmaré el documento en el entendido que hay una visión conjunta de construcción de la paz; sin embargo, hay diversas afirmaciones y propuestas en las que no coincido”. En una relación costo-beneficio, políticamente era más conveniente firmar críticamente que negarse a firmar. Y ser sujeta a señalamientos, que se opone a la paz y a fortalecer la seguridad de los ciudadanos.

Nos preguntamos: ¿qué buscan los obispos? ¿Por qué lanzan una ofensiva política en pleno proceso electoral? ¿Por qué no mostraron esta vehemencia pastoral durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto? En los hechos el episcopado se ha venido acercando a las posturas de la oposición. Los obispos, mediante contundentes mensajes públicos han cuestionado la situación de violencia imperante en el país, la política migratoria y la estrategia de seguridad de la 4T. Han responsabilizado al Presidente de la polarización política y reivindican el estado de derecho que asecha a órganos autónomos. Algunos obispos son muy radicales en su diagnóstico y critican al gobierno, por ejemplo, monseñor Castro y Castro, secretario general del episcopado, en algunos círculos le llaman como Monseñor Latinus por su vehemencia discursiva.

El episcopado, el 31 de octubre de 2022, emitió un duro comunicado en defensa del Instituto Nacional Electoral. Lo exaltó como un instituto confiable, de gran reconocimiento internacional y calificó la reforma de AMLO de regresiva y un agravio a la vida democrática del país. Por si no quedara duda, redactó un nuevo comunicado contra el llamado plan B del Presidente. La discordia entre AMLO y la jerarquía católica debe contextualizarse. La Iglesia, acostumbrada a tratos preferenciales y privilegios, quedó sorprendida por el trato que el Presidente dio a cristianos no católicos. La distribución por evangélicos de la Cartilla moral, de Alfonso Reyes, fue calificada por el episcopado de violatoria al carácter laico del Estado. Por tanto, hay resentimientos de muchos obispos por la excesiva apertura que el Presidente mostró, al principio de su gobierno, a los evangélicos pentecostales.

Hay que reconocer que el presidente López Obrador tiene cierta responsabilidad en la actual sublevación católica. Cómo ningún Presidente en la época moderna ha utilizado lo religioso en el discurso político. Se convirtió en un factor que legitimaba el regreso de la religión a la vida pública. Su narrativa y continuas alusiones a los valores religiosos naturalizaron la penetración de lo sagrado en la agenda pública. De manera intrépida, convirtió lo religioso en un valioso componente simbólico de gobernabilidad. Al menos así lo explicitó en su agenda pública en los primeros años de su gobierno. Sin embargo, AMLO confirmó que las iglesias no acompañaron en general los cambios que empuja la 4T. O no lo apoyan como él habría querido. En especial la Iglesia católica, de la que se ha distanciado notablemente.

Desde hace mucho dejé de creer en la pastoralidad venerable de los obispos. La Iglesia es santa y pecadora. Me queda claro que la Iglesia católica pretende: 1) mayor interlocución con los poderes por venir, así, colocar con ventaja su agenda y 2) reposicionamiento en la vida pública como un actor indispensable en la gobernabilidad del país.