Después de seis meses de permanecer en prisión acusados de un delito que no cometieron ellos sino sus patrones, Edith y Leo aún esperan que se cumpla un acto de justicia y se les libere. Pero su esperanza parece diluirse día tras día entre los laberintos de la burocracia judicial.

Los dos jóvenes eran trabajadores del Grupo Mexicana de Autofinanciamiento que fraudeó a 54 personas con un total de 1 millón 410 mil pesos por autos que no les entregó y los obligó a demandar a la empresa.

Como empleados Edith y Leo no intervinieron en la gestión y venta de los contratos a los clientes, menos aun en el cobro de los pagos comprometidos. Todo el dinero fue directo a los socios de la compañía, un cajemense y dos yucatecos.

Cuando fueron citados a declarar como testigos, los dos jóvenes se presentaron sin ningún temor pero al salir del juzgado fueron detenidos sin mediar explicación.

Desde entonces, hace seis meses, permanecen recluidos mientras los autores del fraude gozan de libertad, uno de ellos bajo fianza. 

Familiares de ambos jóvenes expopnen que los socios de la empresa han regresado el dinero a 34 de las 54 víctimas del fraude y éstas se han desistido de la denuncia penal, pero esta acción no ha sido suficiente para que Edith y Leo recuperen su libertad.

Los tienen recluidos "en prenda" o como rehenes mientras los socios no terminen de regresar el dinero a los 20 clientes restantes, afirma la mamá de Edith.

Teme por su hija y Leo, ambos tienen hijos, son personas de escasos recursos económicos, y por ello la mamá, familiares y amigos han acudido a funcionarios judiciales a pedir que se revise el caso y se libere a los dos jóvenes.

Incluso han solicitado la intervención del gobernador Alfonso Durazo y dicen estar dispuestos a llevar el caso ante el presidente AMLO. Pero nadie los escucha.

Así seguirán, insistiendo, con la convicción de los inocentes y la impotencia de los humildes ante un sistema judicial insensible.