En la huida  del presidente Andrés Manuel López Obrador, para eludir la toma de decisiones soberanas que pongan en cuestión al sector financiero y a los llamados fondos de inversión, se inventó batallas sustitutas, con perfil justiciero, pero cuidando siempre que las estructuras macroeconómicas neoliberales se mantuvieran intocadas. 

Hay batallas que se eluden o posponen, pero no dejan de ser inevitables, como las correcciones sistémicas que el presidente evadió durante todo su sexenio, en una fuga que emula al personaje bíblico que piensa que se puede escapar de lo inevitable huyendo a Samara; lugar en donde el destino lo estaba esperando.

La última de las batallas sustitutas es la reforma al Poder Judicial, cuyo lanzamiento, en principio, no provocó reacciones en el sector financiero, tampoco en el gobierno de los Estados Unidos. Al momento se dio la impresión de que los mercados daban por descontado los riesgos implicados con dicha reforma judicial, toda vez que la política monetaria del país y los criterios de la Secretaria de Hacienda garantizan con toda puntualidad que los compromisos fiscales y presupuestales se mantengan ajustados al ritmo y requerimiento de las ganancias especulativas -vía cobro de la deuda-de esos mercados y fondos de inversión.

Una vez que estos intereses observaron los legítimos paros y protestas nacionales de toda la estructura burocrática y operativa del poder judicial, decidieron meter su cuchara. No porque la reforma pudiera afectar sus ganancias, tampoco porque están preocupados por la impartición de justicia en México y menos por la democracia. Con el olfato del tiburón, perciben una oportunidad para meterle mayor presión al gobierno.  Maniatarlo aún más para que no se salga de las coordenadas macroeconómicas que durante los últimos cuarenta años le han impedido al país su industrialización y  lo mantienen con tasas de desempleo crecientes, un sector agropecuario que se corporativiza, disolviendo la vida social y productiva en el campo mexicano.

El embajador de Estados Unidos en México Ken Salazar, fue  designado para dar la voz de arranque en contra de la reforma al poder judicial, después de que habían permanecido en silencio durante  los meses que la iniciativa estuvo en la discusión pública y a sabiendas de que el gobierno contaría con la mayoría calificada en el congreso para aprobarla. Fue apenas el jueves 22 de agosto que Salazar, aprovechó la inconformidad interna para presentar la iniciativa de reforma como un “riesgo importante para el funcionamiento de la democracia mexicana”, agregando “que el debate sobre la elección directa de jueces, amenazará la histórica relación comercial (TMEC)”.

Como se observa, los intereses representados por la embajada de los Estados Unidos, una vez que advierten la intensificación del conflicto asociado a la iniciativa de reforma del poder judicial, deciden trasladar esa presión al campo económico, para tomar mayores posiciones de ventaja en un esquema comercial que ha concentrado los beneficios en las elites financieras y en los fondos de inversión.

En su respuesta, el presidente oculta las presiones relacionadas con los asuntos económicos y concentra su retórica en un simbolismo patriótico y de defensa de la soberanía, como si el debate real estuviera ubicado en el ámbito de la iniciativa de reforma al Poder judicial.  De nuevo su hábito elusivo eligiendo batallas sustitutas.

Siendo estrictos, no se ocupa la instrumentación de la elección popular de jueces y magistrados para revertir las políticas macroeconómicas que han debilitado a la economía nacional durante el largo período neoliberal.  La verdad es que el presidente no tuvo la valentía, ni el arrojo intelectual –tampoco la tuvo el Congreso-  para promover iniciativas en esa dirección, orientadas a la recuperación plena de los sectores estratégicos de la economía, la protección del mercado nacional alimentario, la instrumentación de una política soberana en el ejercicio del crédito, los sistemas regulatorios imprescindibles en política cambiaria y recuperación del Banco de México.  

Es claro que las campanas no suenan por el presidente que se va, sino por la presidenta electa que el primero de octubre tendrá sobre sus espaldas el voluminoso morral de los chantajes internacionales que en las últimas semanas se han amotinado. Si algo podría recoger como enseñanza Claudia Sheinbaum del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es que la ruta de las batallas sustitutas, puede aportar triunfos electorales, pero no necesariamente victorias para la nación. Rehuir las batallas estratégicas siempre tendrá como destino el sitio bíblico de Samara.

Desde el Valle del Yaqui, Ciudad Obregón, Sonora, 28 de agosto de 2024.