HERMOSILLO.- Diputados de Movimiento Ciudadano en el Congreso local propusieron políticas públicas para combatir y penalizar cualquier forma de trabajo infantil y mendicidad.

Gabriela Félix y Manuel Scott presentaron reformas a diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, así como al Código Penal del Estado de Sonora.

“La grandeza de una nación no solo se mide en cifras, sino en la calidad de vida que le damos a quienes dependen de nosotros; en tal sentido, cuando hablamos del desarrollo de nuestro país, es imposible no tomar en consideración a quienes serán los protagonistas del mañana: nuestras niñas, niños y adolescentes”, comentó Gabriela Félix.

Según el INEGI, en 2022, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años, realizaron alguna variante de trabajo infantil, 1.7 puntos porcentuales más que en 2019, lo que demuestra una tendencia al alza.

Estas cifras permiten entender los comportamientos estadísticos de las problemáticas sociales, más no su razón, lo que respecta al trabajo infantil obedece en parte a la vulnerabilidad de los hogares asociada a la pobreza, los riesgos y los choques económicos.

Por ello, el Estado debe adoptar un rol activo en lo relativo a la creación de estrategias encaminadas a reducir los índices de trabajo infantil, atendiendo a las causas subyacentes que lo originan.

A través del DIF Estatal se busca supervisar las tasas de mendicidad en Sonora, así como la obligatoriedad de implementar programas constantes de atención a familias en situación de vulnerabilidad que atraviesen por circunstancias que orillen a sus hijas e hijos a buscar laborar bajo adversidades y en condiciones peyorativas.

La Bancada Naranja con esta iniciativa propone los siguientes enfoques:

1. Crear una base de datos adecuada para orientar y sustentar las políticas públicas.

2. Adoptar un enfoque integrado para abordar las vulnerabilidades de los hogares y el trabajo infantil.

3. Garantizar que los sistemas de seguridad social sean adaptados a las y los niños y adolescentes.

4. Fortalecer los marcos jurídicos y capacidades institucionales en el estado.

5. Tipificar la explotación infantil en aquellos casos donde la niñez sea expuesta a circunstancias de alto riesgo por obtener dádivas o cualquier otro fin.

Se aplicará de cuatro a diez años de prisión y una multa de 200 UMAS a quien exponga a niñas, niños y adolescentes a trabajo infantil, así como de mendicidad, con el fin de obtener un lucro personal para sí u otra persona.

“Estos y otros desafíos solo podrán atenderse a través de un trabajo transversal que involucre la participación activa de todas y todos nosotros, legislemos con un enfoque de derechos de las niñas, niños y adolescentes. La aprobación de la presente iniciativa representaría un avance sin precedentes para mitigar los índices de explotación infantil en nuestras juventudes”, concluyó Manuel Scott.