Una vez más el gobernador Alfonso Durazo sacude el árbol de la burocracia y hace caer a una docena de funcionarios y expide nombramientos para sustituirlos. Me niego a aprenderme los nombres de los nuevos (aunque nuevos, nuevos, no todos) porque necesito mis neuronas para aprender cosas de provecho.

Es cierto que la oleada de nombramientos trae cosas curiosas, como las indemnizaciones políticas, si me permiten llamarlas así, para candidatas que perdieron en las últimas elecciones, entre ellas, Dolores del Río, que fue secretaria de Seguridad antes de su intento de volver a ser alcaldesa de Hermosillo, y ahora entra a la Contraloría; asimismo, la singular Célida López Cárdenas, notable desde que mediante aparatoso salto mortal desde el PAN vino a caer a MORENA. Fracasó también en el intento de atrapar la presidencia municipal de nuevo y en la ocurrencia de que podría ser senadora venciendo, ¡ojo!, nada menos que a Manlio Fabio Beltrones. Todo eso se queda chiquito ante el absurdo de que ahora es secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Agricultura (no estoy de broma, es noticia oficial).

Debo confesar que cuando por primera vez sacudió el gobernador el árbol de la burocracia, me preocupé por las mujeres y los varones que se quedaban sin chamba. Ahora, puesto que se trata de una película que ya vimos, puedo aconsejar a los que fueron apartados del presupuesto que no sufran, quedan tres años por delante y habrá al menos otras dos sacudidas al árbol, y en una de ésas regresan a un puesto mejor.

Mientras tanto, y ya que el rey de España se niega a pedir perdón por los crímenes que sus coterráneos del pasado cometieron contra las etnias originales de México, yo le ruego al distinguido economista Alfonso Reyna Celaya, se encuentre donde se encuentre por disposición divina, que perdone lo que ocurre con el que fue s cargo en el sexenio de Faustino Félix Serna.

¿Y DE LA SUPREMA CORTE?

¡Qué vergüenza! ¡Que aberración! ¡Que empeño en conservar sus sueldos arriba de lo que gana la Presidenta! No cabe para ministros y ministras (con 3 excepciones) más que el juicio político. Es la obligación del Congreso.

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