Una nueva etapa ha iniciado en la ancestral historia de las comunidades yaquis. Hoy, después de varios siglos de vivir subordinados a las decisiones de gobiernos yoris, tienen al fin el reconocimiento pleno a su autonomía y capacidad para decidir su propio destino.

La reforma recién aprobada a la Ley de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos los reconoce como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Hugo Aguilar, coordinador general de Derechos Indígenas del INPI, expone de manera precisa los alcances de dicha reforma cuya trascendencia histórica fue opacada mediáticamente por las controversias en torno a la reforma del Poder Judicial.

Hoy, dice Aguilar, las comunidades indígenas y afromexicanas pueden tener acceso directo a recursos federales de los ramos 28 y 33 sin intermediación de gobiernos estatales y locales. Además pueden administrar esos recursos de acuerdo con los objetivos que ellos establezcan.

Esto sólo es el aspecto económico, pero el impacto de la reforma tiene un sentido más profundo y trascendente.

Antes como antes

En 1992, durante el gobierno de Salinas de Gortari, se hizo una primera reforma a la Ley de Pueblos Indígenas donde se les reconoció lo más evidente: Su patrimonio cultural. 

"Fue una reforma culturalista, pero no les concedió su capacidad de decisión. Reconoció al indio muerto, la grandeza de su cultura, nada más", comenta Aguilar.

Hubo una segunda reforma, en el 2001, influida por el contexto del movimiento zapatista, añade. Así se le concedieron derechos a indígenas y afromexicanos, se les reconoció su autonomía pero no la capacidad de decidir por ellos mismos, se les dijo: "El estado tiene que decidir por ti".

Les dio el carácter de sujetos de interés público, donde el estado debe proteger a los pueblos, tutelarlos, 

"Tuvo esa reforma un enfoque neoliberal, desarrollista: Vamos a sacar al indio de la pobreza, dijeron. Pero no se confiaba en su capacidad para decidir sobre su desarrollo, dejaron al indígena como objeto de tutela".

Ahora como ahora

La reforma que impulsó el gobierno de López Obrador y fue aprobada hace unos días por el Congreso, establece que los pueblos indígenas son sujetos políticos y sujetos jurídicos en el marco del estado mexicano, con capacidad para manejar recursos, y ordena que el presupuesto federal de egresos plantee un monto para asignárselos de manera directa, explica Aguilar.

Llegar a este punto fue posible después de un arduo proceso de consultas en las que participaron más de 20 mil autoridades municipales, agrarias y comunitarias de los pueblos indígenas y afromexicanos.

El significado más profundo va más allá de la asignación directa de recursos pues reconoce en estos pueblos su capacidad administrativa y técnica, su honestidad y la participación autónoma de las comunidades.

"Sin necesidad de idealizar a los pueblos indígenas porque también hay cabrones entre ellos como entre nosotros, también hay nuevas generaciones que se preparan para consolidar lo positivo de esta etapa... aquí entre los yaquis tenemos alrededor de 120 jóvenes profesionistas que se están preparando para sacar adelante los proyectos actuales y futuros, siempre con el respeto a sus usos y costumbres", comenta el funcionario del INPI.

"Es una camada de jóvenes echándose para adelante porque se confía en ellos. Y ellos asumen el compromiso".

Las condiciones materiales están puestas para consolidar la nueva etapa histórica.

A través del Plan de Justicia, agrega, se han invertido 2 mil millones de pesos (MMDP) para construir el acueducto, 8 mmdp en el Distrito de Riego, otros cientos de millones en la construcción del Hospital IMSS Bienestar y en la Universidad Yaqui.

Además se creará no una financiera sino una dispersora de créditos que permitirá reducir el rentismo de las tierras.

Las condiciones están puestas para impulsar la nueva etapa de la historia yaqui, asegura Aguilar sin desconocer los obstáculos que puedan interponer condiciones políticas coyunturales y el acecho de la delincuencia organizada.

"Ahora los yaquis tienen dos grandes retos: Primero, el de su unidad.

Segundo, refrescar la institucionalidad yaqui, cómo responder a la distribución justa de 38 mil hectáreas nuevas. El gobierno tradicional debe tener la capacidad de repartir equitativamente, si no lo hace, habrá tensiones", concluye Hugo Aguilar.

Fotografía: José Barriga Soto

México Desconocido