HERMOSILLO.- Penas desde cuatro meses a cuatro años de prisión y multa de 50 a 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA) se imppondrán a quien haga uso, se aproveche o se beneficie de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado sin autorización.

Las sanciones forman parte de la iniciativa de reforma al Reforma al Código Penal en materia de robo de agua, promovida por Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga, diputada del Partido del Trabajo. 

Dicha reforma adicionaría el título vigésimo quinto, denominado Delitos Contra el Servicio Público y Distribución del Agua, y los artículos 344 y 345 del Código Penal del Estado de Sonora en materia de robo de agua.

Asimismo propone penas a quien rompa sellos o altere aditamentos para el control del líquido; lo distribuya a través de cualquier vehículo sin contar con permiso; impida o restrinja el suministro o la medición del consumo sin causa justificada. La pena se aumenta en una mitad si quien comete el delito son propietarias de establecimientos comerciales o industriales.

A los emplaeados de organismos operadores de agua que sean cómplices de tomas clandestinas o robos de agua se les impondrán también duras penas.

Serán seis meses a cinco años de prisión y multa de 100 a 500 UMAS a quien facilite, permita, participe o autorice cualquiera de las conductas anteriores por parte de una persona física o moral.

La pena se incrementará hasta por una mitad cuando se trate de una persona servidora público que tenga conocimiento del hecho y no lo denuncie.