Los años no le quitan el rigor ni la frescura a los conceptos. Hace 104 años, en octubre de 1920, el productor agrícola que, incorporado a la revolución alcanzó el grado de General, participó, ya como presidente de la república, en un debate en el Congreso de la Unión, sobre la reforma agraria y el problema alimentario del país. Subyace en la pieza oratoria de Álvaro Obregón, una polémica contra la noción ingenua de presentar al redistribucionismo como el remedio para alcanzar la justicia social. También  refleja  una conciencia clara de que con una “combinación eficiente entre inteligencia, trabajo y capital”, México puede crear las condiciones para convertirse en una potencia alimentaria, que no tendría porqué atemorizarse “ante los centros productores de (granos) de otros países”, sino más bien concluye  el General, ellos “estarían temerosos de que invadiéramos sus mercados”.

La visión del General Obregón, cobró fuerza institucional en el México posrevolucionario. Se crearon los instrumentos y las instancias requeridas para darle fuerza al mercado nacional alimentario, y con distintos matices, se sostuvo el compromiso de aumentar la producción, en particular de granos básicos, para lograr independencia frente a los poderes agro-financieros, siempre dispuestos a la imposición de condicionantes económicas de todo tipo, ante la vulnerabilidad que representa la dependencia alimentaria.

El éxito de tal orientación, ofrece pruebas empíricas. Logramos históricos niveles de crecimiento físico en el sector agropecuario gracias a una batería de estímulos: crédito, extensión agrícola, mejoramiento de semillas, creciente infraestructura hidráulica, producción de fertilizantes, tecnología, mecanización, investigación, esquemas regulatorios y arancelarios adecuados y una política de precios de garantía para fortalecer el círculo virtuosos de tales políticas. Todo esto se empezó a tirar por la borda desde que se aceptaron las presiones para que México eliminara sus protecciones arancelarias a mediados de los años ochenta; proceso que se profundiza con la firma del TLCAN a mediados de los noventa y se ratifica con el consentimiento del TMEC en el 2019, al arranque del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los propósitos más perniciosos de estos tratados comerciales, es que México termine por deshacerse de todo instrumento que proteja su mercado nacional alimentario; incluso infundiendo una cultura de desprecio por los productores nacionales, a quienes en los últimos años el gobierno decidió abandonar a la suerte de lo que dicten los siempre voraces y especulativos mercados internacionales. 

En esta dinámica se ha olvidado el poder intrínseco de nuestro mercado nacional alimentario. El gobierno actúa como si no estuviéramos colocados dentro de los diez países más poblados del mundo (130 millones de mexicanos), lo cual representa un poderoso incentivo para desarrollar nuestras capacidades productivas internas, especialmente las relacionadas con la producción alimentaria.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, entidad gubernamental tomada por los corporativos agro-financieros, sí observa el valor del mercado nacional alimentario, que el gobierno mexicano no quiere ver. Y lo observan con tanta codicia, que ya lo tienen cuantificado. Estiman que el sector minorista de alimentos de México, valorado en más de 82 mil millones de dólares, ofrece oportunidades de expansión extraordinaria para los productos estadounidenses.

Se muestran jubilosos al documentar que en el 2023, el valor de las exportaciones de alimentos hacia México superó los 28 mil millones de dólares, lo cual indica que ya se han apoderado de un tercio de este mercado. Presumen exportar maíz, trigo, soya, sorgo, frijol, azúcar, lácteos, carnes y otros;  productos que México tiene la capacidad y la potencialidad de producir nacionalmente. Con un dejo que no carece de cinismo, el mismo Departamento de Agricultura Norteamericano, dice que durante estos últimos años han crecido tanto sus exportaciones que ya se presentan cuellos de botella en los puertos de entrega fronterizos, por la falta de infraestructura logística y transporte. Un mensaje para que el gobierno de México haga lo propio y subsidie  el mejoramiento de las condiciones logísticas y de infraestructura para que los corporativos agro-financieros norteamericanos terminen de apoderarse del mercado nacional.

La visión del General Obregón, no es idílica, más cuando hay evidencia de su viabilidad y funcionalidad. Si la presidenta Claudia Sheinbaum quiere recuperar espacios de soberanía, debería de empezar por el área más sensible a ese propósito: recuperar y hacer uso de la potencial fuerza del mercado nacional alimentario. Esa fuerza le da la capacidad al gobierno para establecer mecanismos regulatorios sobre toda la estructura comercializadora de los alimentos en México, que tiene el interés de participar en el mercado nacional.

Si quieren sacarle utilidades al mercado de alimentos de México, tendrían que  hacerlo bajo la condición y el acuerdo de comprarles primero a los productores nacionales, principalmente a los productores de granos básicos, con precios que aseguren la capitalización del sector y que abran los espacios para que la nación vaya recuperando su mercado. Medida que reclamaría acciones arancelarias y no necesariamente erogaciones presupuestales para pagarle a los productores.

Efectivamente que se trata de una pelea. Y no de cualquier pelea. Si perdemos el mercado nacional alimentario, la soberanía nacional quedará solo como una memoria o un cliché del discurso ordinario.

Desde el Valle Yaqui, Ciudad Obregón Sonora, 16 de octubre de 2024