La muerte de 46 niños en una guardería de Hermosillo, Sonora, desató lo que hasta hace poco parecía impensable: que el Ejecutivo federal responsabilizara a un gobierno estatal de una tragedia.

En ocho años de administraciones panistas la relación con los gobernadores, priístas en su mayoría, había sido cordial y a veces complaciente. Ni el conflicto violento en Oaxaca, ni las inundaciones en Tabasco o la protección de Puebla a un presunto pederasta habían ameritado acción alguna del gobierno federal.

Michoacán, en donde la PGR arrestó a algunos colaboradores del gobernador Leonel Godoy por estar ligados al narcotráfico, podría parecer un antecedente, pero hay una diferencia sustancial: más allá de la verdad jurídica, en la entidad perredista el factor tiempo —en que el gobierno panista decidió realizar el operativo— generó lógicas suspicacias de cara a los comicios de julio próximo.

El incendio en Hermosillo, en tanto, no tuvo ese factor de sospecha. Eso sí, la PGR y la procuraduría de Sonora se han demorado tanto en concluir sus investigaciones que el vacío informativo fue llenado con revelaciones sobre las deficiencias en el sistema de subrogación de guarderías del IMSS y los beneficios que familiares de Bours tienen con ese esquema de negocios, a costa de la seguridad de los niños.

A dos semanas de que los sonorenses elijan a su sucesor en la gubernatura, no parece claro que Eduardo Bours vaya a tener al interior del PRI la misma defensa que sí tuvieron Ulises Ruiz o Mario Marín cuando los escándalos amenazaron con tumbarles el puesto. El mayor adversario de Bours está en su partido: Manlio Fabio Beltrones.

El gobernador de Sonora acumula denuestos. El IMSS, uno de los responsables en esta tragedia, tendría que asumir esa lección y preguntarse si despedir a 5 funcionarios es suficiente. Evadir culpas podría costarle más que aceptarlas.