Han pasado 19 días desde el incendio trágico en la guardería de Sonora y el casi nuevo director general del Seguro Social, Daniel Karam, no ha dado a conocer la lista de las personas a quienes se han subrogado guarderías en todo el país. ¿En manos de quién están 263 mil niños? No lo dicen.

¿No sería una documentación que para llegar a ella e imprimirla bastaría un clic de la computadora? ¿No tiene el IMSS los nombres de las personas a quienes les paga millonariamente mes a mes por cuidar niños ajenos? ¿Ya se asustaron por su contenido y la están “rasurando”? ¿Es tal la falta de control al interior del instituto que no tienen organizada ni esa información estratégica? ¿Está Karam recibiendo presiones? ¿De quién? ¿No quieren “tocar” a alguien? ¿El sindicato, que también ha sido beneficiario de este esquema, está amenazando con tal de que no se sepa cuántas guarderías le asignaron? ¿Todas las anteriores?

El IMSS del gobierno federal panista demanda a los que debió haber supervisado: a los dueños, funcionarios del gobierno del priísta Eduardo Bours en Sonora, quien no se atreve a demandarlos, sólo a su representante legal, y consigue que un juez no gire la orden de aprehensión contra ellos y lance la pelota a la PGR; se va sólo contra 13 minifuncionarios.

El manejo político de las investigaciones es cada vez más burdo, y por tanto detectable. Enterrados los niños, los gobiernos nada más están preocupados por el efecto electoral del incendio. Karam trata de ponerle los reflectores a la bodega del gobierno local donde inició el fuego. Bours sólo quiere hablar de la guardería del gobierno federal porque ahí murieron los menores de edad.

Las dos partes tienen responsabilidad. Tan grave el origen del fuego como su consecuencia. Tan corrupta la ruta que lleva a la guardería como la que conduce a la bodega. Pero no lo aceptan. Le apuestan a aguantar y a ver si se olvida. Total, nomás faltan 11 días para las elecciones.