Raphael Moran

Con 55 periodistas asesinados desde el año 2000, México confirma, por quinto año consecutivo, su lugar como el país más peligroso del continente americano para la libertad de prensa. Este inquietante balance lo hace Benoît Hervieu, responsable de la sección "Américas" en la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF), en un informe que redactó a raíz de una misión especial en México.

El domingo 12 de julio de 2009, Hervieu se encontraba en el centro de la ciudad de México, cuando de pronto escuchó un ruido fuerte en el asfalto. "Era un tanque con militares", recuerda todavía con inquietud el militante de la ONG internacional con sede en París.

En entrevista con Apro, Hervieu narra los detalles de una misión de ocho días en México, durante la cual recogió testimonios de periodistas, familias de reporteros asesinados o muertos, así como de magistrados y políticos, como Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, secretario de Gobernación.

Ver un tanque en el centro de la ciudad de México es sintomático de la realidad mexicana, según Hervieu. "La palabra 'militarización' volvió varias veces en las conversaciones que tuvimos con la gente que hemos encontrado durante nuestra misión", observa.

Junto con Jean-François Julliard, presidente de la ONG Reporteros sin Fronteras, y Balbina Flores, corresponsal de dicha organización en México, Hervieu fue a Guerrero, Michoacán y al DF con un objetivo: "Entender cómo México puede alcanzar un nivel de impunidad casi absoluto en materia de crímenes contra los periodistas".

Dos días antes de la publicación del informe titulado "Los entresijos de la impunidad: excesos de la seguridad pública y pesadez burocrática", otro asesinato se sumó a la lista ya larga de los crímenes contra los periodistas en México. Norberto Miranda, El Gallito, columnista del periódico digital Radiovisión Casas Grandes, fue asesinado el 26 de septiembre en su redacción, tras haber recibido varias amenazas de muerte. En su columna escribía sobre la violencia ligada al narcotráfico en su ciudad.

Asesinatos, desapariciones, maltratos o censura… La ONG Reporteros sin Fronteras no solo decidió enfocarse en la prensa mexicana por los delitos y crímenes que sufren los periodistas, sino también por la impunidad que caracteriza esta situación.

Hervieu subraya una paradoja: "México alcanza niveles de impunidad que ni siquiera se ven en Colombia, a pesar de la existencia de muchas instituciones oficiales de defensa de los periodistas".

Y cita la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas (FEADP), creada en 2006, "una entidad que no existe en ningún otro país del mundo".

Aunque en su informe sobre la libertad de prensa en México, RSF declara que "no desea abundar en la polémica" sobre la eficacia de la FEADP, las conclusiones de la ONG sobre el trabajo de dicha fiscalía son sin apelación: "la FEADP no ha sido de ninguna utilidad en una situación cada vez más alarmante para la seguridad de los periodistas y la libertad de prensa en general".

Según cifras publicadas en la prensa mexicana, entre 2006 y 2008, sobre los 274 casos que fueron llevados a su conocimiento, la FEADP recuperó 88 casos y "sólo emprendió acciones penales para tres de ellos", reporta el informe de la ONG.

En julio pasado, Hervieu y otros miembros de la misión de RSF fueron recibidos por el fiscal especial de la FEADP, Octavio Orellana Wiarco. "Nos recibió con gran pompa y con todo el protocolo", recuerda Hervieu. "Pero el fiscal Wiarco no parecía al tanto de los casos de agresiones a periodistas, porque nos decía que a su entidad no le corresponde tratarlos", añade.

Sin embargo, según el informe de RSF, la FEADP tiene "excusas": "A la penuria de medios se añade una capacidad jurídica débil. Según los estatutos, la FEADP ya nos es competente para intervenir cuando un caso es del orden de crimen organizado, caso en el cual la SIEDO se encarga del expediente".

Los casos de José Antonio García Apac, director de la revista Ecos de la Cuenca, desaparecido en 2006, y el de Mauricio Estrada Zamora, encargado de la fuente policiaca y desaparecido en 2008, son ejemplares de la "burocracia" que denuncia Reporteros sin Fronteras.

Después de idas y vueltas entre diferentes entidades jurídicas, los casos de estos dos periodistas no han sido esclarecidos.

Sin embargo, la ONG recalca que "la pasividad, la negligencia o la neutralización de instituciones, de sobra dedicadas a la defensa de la libertad de prensa (…), no son las únicas causas de que el calvario de la prensa mexicana se perpetúe".

Reporteros sin Fronteras acusa a las autoridades mexicanas de ser "cómplices, e incluso responsables, de graves violaciones de los derechos humanos".

Según precisa Hervieu, "desde 2005, fecha de la ofensiva militar contra el narcotráfico, México rebasó a Colombia en términos de homicidios de periodistas". Así, México ha vuelto a ser, por quinto año consecutivo, el país más peligroso del continente para los periodistas.

"Esta ofensiva sirve de justificación para la censura, la violación de los derechos humanos y los maltratos de los periodistas", denuncia Hervieu.

Para entender la política del gobierno de Felipe Calderón, los miembros de RSF se entrevistaron con Fernando Gómez Mont, titular de la secretaría de Gobernación. A Hervieu lo sorprendió la certeza con la cual el número dos del gobierno mexicano "asume plenamente que México tiene los mismos métodos de tratamiento de la violencia que Colombia (…) Hasta me miró a los ojos y me dijo: 'si tenemos que pegar más fuerte, pegaremos mas fuerte', incluso sabiendo las consecuencias de esta política", relata el responsable de RSF.

De su misión en México, Hervieu conserva el recuerdo de Rosa Cruz Rosas, presentadora y gerente de Uékakua, una pequeña radio de Ocumicho –estado de Michoacán– donde vive una comunidad purépecha. En enero de 2009, una centena de agentes federales y militares realizaron un operativo para recuperar los equipamientos de la pequeña radio comunitaria que no había respetado las cláusulas de autorización para emitir.

"La radio solicitó su regularización desde 2002 y su potencia es de solo 5 vatios", precisa el informe de RSF.

"El 15 de mayo, Rosa Cruz Rosas fue convocada por cinco funcionarios federales para 'recuperar el material'", cuenta RSF en el informe. "En realidad, se trataba de una trampa para inculparla de violaciones a la Ley Federal sobre Bienes Nacionales". Hoy, Cruz espera la decisión de un juez federal sobre una posible orden de aprehensión, como la solicitó el Ministerio Público.

Aunque critique severamente a las autoridades mexicanas, Reporteros sin Fronteras acusa a otro responsable de la violencia desatada en el país: Estados Unidos, "de donde proviene 80% de armas en el territorio mexicano".

Desde su oficina en la sede de Reporteros sin Fronteras en Paris, Benoît Hervieu se alegró de ver que el 30 de septiembre, un día después de la publicación del informe de RSF, asociaciones mexicanas defensoras de la prensa entregaron una carta a Arturo Chávez Chávez, nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR), en el marco de una manifestación para que se ponga fin a la impunidad.

Estas asociaciones y sindicatos de prensa, como Reporteros sin Fronteras, llaman a una federalización de los juicios de los delitos contra periodistas, así como a una ampliación de poderes de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra Periodistas. "Ahora, hay que traducirlo en actos", concluye Benoît Hervieu.