A pesar de las pruebas que demuestran la inocencia de Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas, en 2006, de secuestrar a seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI), las irregularidades en su proceso penal, las ha mantenido más de tres años privadas de su libertad en el Centro de Readaptación Social (Cereso), de San José el Alto, en Querétaro, explicó en entrevista con Cimacnoticias, su abogado José Leonides Ortíz Castillo.

Agregó que la lengua madre de las acusadas es el otomí y esa situación, aunada a que son “mujeres indígenas y pobres”, provocó que sus derechos constitucionales fueran violados pues “no los conocen” y “no pueden exigirlos”.

La mañana del 26 de marzo de 2006, el Ministerio Público, adscrito a la Subdelegación de Procedimientos Penales de San Juan del Río, Querétaro, recibió una “supuesta llamada anónima” para denunciar que en el tianguis de Santiago Mexquititlán del municipio de Amealco de Bonfil en el mismo estado, llegaba una mujer apodada la “guera” proveniente del estado de México para vender cocaína y productos pirata.

Tras la llamada el Ministerio Público realizó un acta circunstanciada y abrió la averiguación previa número A. P./PGR/QRO/SJR-VIIA/064/2006 para investigar los hechos denunciados y envió un oficio a la AFI para que realizara la investigación respectiva, en el tianguis.

Para Ortíz Castillo, los agentes de la AFI “llevaban otras intensiones, no la de investigar”, “iban vestidos de civil” y “lo peor que cometieron” fue entrar a varios locales a “catear cuando no tenían esa orden”, se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de los tianguistas y les decomisaron sus mercancías, expuso.

El abogado explicó que  la orden de cateo debe ser solicitada por el Ministerio Público a un juez federal sólo cuando “hay elementos de presunción de que en un lugar específico se encuentra el cuerpo del delito”, y en este caso, sostuvo, “los AFI no estaban facultados para catear debido a que se trataba sólo de una posible infracción denunciada en una llamada anónima”.

El abogado narró que tianguistas y locatarios vieron amenazada su mercancía y en un momento de tensión llevaron a los agentes de la AFI –vestidos de civil- ante el delegado del pueblo para arreglar el problema.

Gerardo Cruz Bedollo, agente del Ministerio Público se trasladó a la delegación de Santiago Mexquititlán a donde habían sido llevados los agentes de la AFI donde firmó un acuerdo (del que Cimacnoticias tiene copia) comprometiéndose a pagar a los tianguistas, la mercancía que se había echado a perder,

ALBERTA Y TERESA

Alberta Alcántara es originaria de Santiago Mexquititán, tiene 26 años, es morena, su cabello es largo y lo lleva atado en una trenza. El 3 de agosto, cuatro meses después de los hechos, fue detenida cuando regresaba de su trabajo como costurera en Amealco, acusada de ser la “güera” y de haber participado en el secuestro de seis agentes de la AFI, y trasladada al Cereso de San José el Alto, en Querétaro.

Alberta estuvo en el tianguis el día del operativo porque fue a surtir su mandado y pasó a ver a su hermano al puesto que tenía en el mercado, razón por la que apareció en las fotos tomadas durante el operativo que según los AFI, “son la prueba” de que ella conjuntamente con Jacinta y Teresa, los secuestraron.

El día de los hechos Teresa, de 24 años de edad, que se dedicaba al hogar y hacía muñequitos de trapo, estaba en el tianguis con su esposo Gabriel que tenía un puesto de discos. Ella fue detenida en su domicilio, el mismo día que Alberta y trasladada al mismo lugar. Ambas llevan presas tres años.

Hace 4 meses, Teresa tuvo una hija dentro de la cárcel y actualmente permanece con ella. Ahí Teresa y Alberta toman cursos de lectura y escritura del idioma español toda vez que una prueba realizada por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) a petición de su abogado, misma que se les practicó a su ingreso al penal para conocer si hablaban español, demostró que sólo hablaban el 19 por ciento de este idioma.

LA SENTENCIA

Seis días después de la detención, el 9 de agosto de 2006 el juez Cuarto del Distrito de Querétaro, Rodolfo Pedraza Longui, sin revisar la información ni constatar los hechos referidos en la averiguación previa, les dictó sentencia de 21 años de cárcel más una multa de 91 mil pesos, explicó el abogado.

A Teresa la acusaron de la participación en el secuestro de los agentes de la AFI mientras que Alberta, a quien los agentes “identificaron” como “la güera”, fue acusada del mismo delito que Teresa y además de posesión de cocaína en “su presunto puesto” del tianguis ¡cuando ella ni siquiera era tianguista! expresó su abogado.

“Las detuvieron arbitrariamente, con mentiras y engaños” dice el abogado quien explica que por “venganza” el juez no revisó el caso y no comprobó si Alberta tenía los rasgos de la “güera” y sabiendo que ninguna de las dos hablaba español, no les informó que tenían derecho a un intérprete.