Atrapada en el anzuelo de la demagogia y cautiva en la red de la burocracia, la pesca en Sonora se hunde en un desorden mayúsculo del que hoy es preciso rescatarla.

Para Margarito Montes Parra, dirigente nacional de la Unión General Obrera, Campesina y Popular (Ugocp), el barco de la pesca carece de brújula por una sencilla razón: no hay leyes definidas para su diaria operación.

Y es que entre los vestigios de una ley orgánica nacida en 1938, los criterios ambientalistas de las normas ambientalistas nacidas con Ernesto Zedillo y su posterior envío, en tiempos de Vicente Fox, al área de Agricultura, esta actividad se va al fondo cada día más.

Con los criterios de sus primeras normas, ocupaba un alto rango en el esquema federal, al grado de llegar a ser Secretaría de Pesca, con infraestructura bancaria y de comercialización nacional e internacional, desmantelada con el paso de los años.

Cuando Julia Carabias la tuvo en su dominio de la Secretaría del Medio Ambiente, los criterios ecológicos le dieron otro cariz, al grado de que no podía pescarse a más de cinco brazas en las costas y la acuacultura surgió como opción, a veces no tan amable con el ambiente.

Con Fox, la pesca se volvió un apéndice de la Secretaría de Agricultura y aunque se relajaron los aspectos ambientalistas, no se han dado cambios favorables para una actividad que se va a pique rápidamente.

Sin fomento

No hay una política de fomento real a la pesca, declara Montes Parra, sino por el contrario se ha tratado de debilitar las estructuras sociales como las cooperativas y el desorden en la entrega de permisos de siembra es evidente.

Hay cooperativas enteras sin motores pero con permisos y viceversa, lo cual origina un mercado negro de esas autorizaciones, mientras la pobreza invade a los poblados pesqueros, asegura.

Entre el “garapiñado” de sus leyes, sostiene, también la distribución de apoyos para los hombres del mar es incierta, pues de cinco mil millones de pesos autorizados, a los ribereños sólo les llegan unos 150 millones cada año.

Aunque en la zona del Pacífico la pesca ribereña genera unos 44 mil empleos, las comunidades parecer haberse retrasado unos 40 años en el progreso, refiere, sin agua, sin drenaje, sin servicios de salud o viviendas dignas.

Es más, en comunidades como Las Guásimas el Seguro Social tiene embargada la congeladora de los pescadores, afirma.

Política social

Hace falta una adecuada política social para los pescadores ribereños, sostiene, y una adecuada regulación de la actividad para adecuarla a la realidad.

Se debe evitar ya la especulación con los terrenos alrededor de los campos pesqueros, dice, pues se les busca encauzar hacia la acuacultura con todo y los riesgos ecológicos de esa actividad.

Este jueves en Hermosillo se celebrará un foro pesquero con miras a que las autoridades estatales y federales pongan sus ojos en la actividad, asegura, para alcanzar su reordenamiento.

Es indispensable apoyar a las pequeñas y medianas empresas del sector con el financiamiento desde la producción, la transformación o la comercialización, precisa Montes Parra.