La Comisión Estatal de Derechos Humanos acreditó la violación a los derechos de Daniel Iván Ruiz Salas, quien falleció en una celda preventiva municipal el 22 de junio de 2008.

De acuerdo con las probanzas obtenidas por el organismo, se concluyó que los agentes de Pueblo Yaqui, Jorge Álvarez Fontes, Luis Ángel Bustamante Mendívil, Delly Albany Durán Sosa, Leonel Gastélum Acosta, Salvador Hernández Estrada y Francisco Javier Mariscal Fonseca; así como el juez calificador, José Guadalupe Valenzuela Mendoza, incurrieron en violación a los derechos humanos de Ruiz Salas.

“La violación de derechos humanos deriva de la obligación que tiene la autoridad de salvaguardar la seguridad personal y la integridad física de los detenidos, ya que resulta injustificable que persona alguna fallezca cuando se encuentra a disposición y bajo la custodia de la autoridad que lo sometió a encierro temporal”, se indicó.

En el documento se establece que Ruiz Salas fue detenido en Pueblo Yaqui presuntamente por escandalizar en la vía pública, por lo que fue presentado ante el Juez Calificador, quien ordenó su entrada a celdas preventivas de esa localidad a eso de las 19:30 horas.

Posteriormente los agentes policíacos detuvieron a otras dos personas, quienes fueron puestas ante el Juez Calificador y llevadas hacia las celdas, donde los oficiales se percataron de que en la celda contigua Ruiz Salas se encontraba tirado en el suelo y al revisarlo se dieron cuenta que presentaba una marca en el cuello y que de los barrotes de la ventana que da al patio oriente se encontraba amarrada una camiseta, presumiendo que el detenido se había ahorcado.

“Es evidente la falta de cuidado de las personas detenidas en las celdas de Seguridad Pública en Pueblo Yaqui, ya que la persona encargada de dicha función también está a cargo de barandilla.

“No cuentan con cámaras de vigilancia y aparatos de monitoreo que permitan  al o los agentes de guardia

encargados de la custodia, la observación directa de las personas recluidas para efecto de verificar las condiciones en las que se encuentran”, se afirmó.

De igual forma; se carece de personal médico encargado de certificar a las personas previo a su presentación ante el Juez Calificador; además, el detenido no fue informado del derecho a realizar una llamada para ponerse en contacto con sus familiares.

La CEDH recomendó entablar una querella contra los agentes policiacos y el Juez Calificador por el delito de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y lo que resulte.

La contraloría municipal también debe sancionarlos, se expuso, y se debe asignar personal suficiente a todas las barandillas del Municipio para evitar una tragedia similar.

Las celdas de Pueblo Yaqui deben ser dotadas de equipo de vigilancia y capacitar a los policías para evitar que violen los derechos fundamentales de la población.