NAVOJOA.- La Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) llamó a la sociedad civil a formar un frente de organizaciones y personas para defender a Sonora de la invasión del  maíz transgénico.

En el marco del Foro Campesino e Indígena ¡No al Maíz Transgénico, Fuera Monsanto!, Olegario Carrillo, coordinador ejecutivo nacional de la UNORCA, invitó a las organizaciones sociales y de productores a crear un frente en defensa del maíz, y a operar una red de vigilancia para evitar que el intento de siembra experimental contamine parcelas y alimentos de los sonorenses.

El Foro resolvió demandar la cancelación inmediata de los 35 permisos otorgados para la siembra experimental de maíz transgénico en ocho estados de la república así como la derogación de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

“Requerimos un marco jurídico que garantice el principio de precaución frente a la presencia de cultivos o alimentos transgénicos, y no una legislación a modo como la que ahora favorece los intereses de las trasnacionales de alimentos como Monsanto, por encima de la salud y economía de los productores y consumidores mexicanos”, dijo Carrillo.

“Hay una serie de mentiras que los defensores de los transgénicos se han encargado de difundir y en este foro, con información de especialistas, hemos echado abajo esos mitos”, apuntó.

Carrillo agregó: “Es falso que los transgénicos ahorran dinero a los agricultores, puesto que en Estados Unidos, desde 1996 cuando empezó allá este tipo de siembra, el precio de la semilla de maíz se ha incrementado a más del doble y ha aumentado el uso de pesticidas, por lo que también es falso que los transgénicos reducen el uso de agroquímicos”.

De hecho, en 2008 los cultivos de transgénicos en EE. UU. ocuparon 26% más pesticidas por hectárea que los cultivos tradicionales, dijo.

Ello dio origen a una nueva plaga de “súper-malezas”, o plantas que han desarrollado resistencia al herbicida al cual los transgénicos son también resistentes (Glifosato).

Es falso además —expresó el dirigente campesino— que los transgénicos incrementen los rendimientos y vayan a reducir el hambre, ya que está demostrado que sólo el fitomejoramiento tradicional y  las técnicas agrícolas campesinas son los únicos métodos que han subido los rendimientos de cultivos a través de la historia.

Y cada vez queda más claro —agregó— que los transgénicos están muy lejos de ser inofensivos para la salud humana pues las alergias se incrementaron 50% después de la introducción de soya transgénica así como la resistencia a los antibióticos más comunes, en tanto que la leche con hormona de crecimiento bovino ha sido vinculada con el incremento de cánceres de mama y de próstata.

“Por si fuera poco, de 1996 a la fecha, la trasnacional Monsanto, que detenta el monopolio mundial de las semillas transgénicas, demandó por lo menos a más de 150 agricultores acusándolos de violar sus patentes, creando una cultura de miedo e intimidación entre los productores, quienes incluso sin usar los productos de la multinacional, sufren la contaminación transgénica en sus parcelas”, dijo.

Carrillo señaló que otros importantes resolutivos del foro fueron los siguientes:

“Reclamar la derogación de la Ley de Variedades Vegetales y la Ley de Producción y Certificación de Semillas, porque comprometen nuestros derechos comunitarios sobre los recursos genéticos y las semillas; sustituirlas por nuevas leyes que fomenten la investigación y desarrollo, que garanticen la protección de los derechos de los pueblos sobre las semillas y aseguren su libre intercambio evitando la diseminación de semillas estériles, como las que se derivan de la llamada tecnología “zombi” o “terminator”, y frenar así la dependencia tecnológica y económica.

“Exigir el cumplimiento cabal de los compromisos internacionales suscritos por nuestro país en la Agenda XXI, en la Cumbre del Tierra, la Convención de Bioseguridad, y particularmente de los principios derivados del Protocolo de Cartagena, referidos a: precaución, el conocimiento informado previo, el reparto equitativo de beneficios, y los derechos de los pueblos indios sobre sus recursos naturales y el conocimiento asociado a ellos.