Si Otto Claussen Iberry pide no satanizar la actuación del ISAF, entonces que explique por qué en el caso de la venta de playas en Huatabampo actuó con rapidez y en el caso de los 13 millones de pesos en Cajeme, no.

Para Marcelino Pérez Arenas, ex regidor municipal, ni ocho días se necesitaron para que ISAF emitiera una resolución sobre el caso Huatabampo.

Pero en el caso de Cajeme, dijo, desde el 3 de marzo de 2009 se solicitó su intervención ante la pérdida de 13 millones de pesos por una operación de manera irresponsable en instrumentos de renta variable en Scotiabank.

“Y hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta”, enfatizó.

Por el contrario, afirmó, el ISAF emitió solamente una nota aclaratoria en el sentido de que no había daño patrimonial porque los 13 millones de pesos fueron recuperados en su totalidad.

“En relación a los rendimientos que se generaron en el periodo, se tiene el compromiso para con la Tesorería Municipal de que correrán la misma suerte del resultado de la demanda emprendida por la masa de inversionistas que adquirieron el Papel Comercial de COMERCI”, dijo en sus notas el ISAF.

Pero olvida el ISAF que reponer el recurso no extingue las conductas delictivas, aseguró, al haberse arriesgado el patrimonio de los cajemenses invirtiendo en instrumentos de renta variable.

“Además nunca aclararon de dónde salió el dinero, ni se han recuperado los rendimientos generados durante el periodo, por lo que solicito se haga un señalamiento público al titular del ISAF, Eugenio Pablos Antillón”, pidió.

De comprobarse parcialidad en su actuación, dijo, procede su destitución inmediata, por ese dictamen tan distante de la legalidad y que de manera descarada está encubriendo a funcionarios que violaron la ley.

Pero también por olvidarse del más elemental derecho de un ciudadano, el de petición, y su correspondiente respuesta, según el artículo octavo constitucional.