En México, existen por lo menos 10 millones de personas con algún tipo de discapacidad. La discriminación es cotidiana para ellos.
“Al momento que ya nos ven con las discapacidades, nos dicen que luego nos llaman y no nos llaman”, expresó Diego Arriaga, discapacitado.
Erradicar prácticas como ésta es el principal objetivo de la Convención Internacional de la ONU Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que México impulsó y que se espera ratifique.
“Los estados que ratifiquen la convención deben asegurar que particulares o empresas no realicen actos de discriminación por motivos de discapacidad”, indicó Amerigo Incalcaterra, representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos.
La convención establece que los estados garanticen a las personas con discapacidad derechos a la educación, al trabajo, a la salud y a la justicia.
“Nos va a servir para que el Estado desarrolle políticas públicas, para generar las condiciones para que todos podamos ejercer nuestros derechos en condiciones de igualdad y equidad”, indicó Emilio Álvarez Icaza, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF.
La tarea en México es cerrar la brecha entre la legislación internacional y modificar las normas vigentes.
“Y por ello se requiere, en la política real, un proceso de traducción legal a nuestro ámbito normativo para que sus principios puedan ser aplicados con un mínimo de coherencia y sistematicidad”, concluyó Gilberto Rincón Gallardo, presidente del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación.
La convención quedará abierta a la firma de los estados, a partir del 30 de marzo.
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