La Dirección General de Alcoholes en el Estado ha renovado a su personal con la finalidad de combatir los actos de corrupción denunciados por permisionarios, señaló Francisco Bueno Ayud.

Aseguró que algunos inspectores, amparados en imprecisiones de la ley, exigían a los permisionarios un pago mensual a cambio de brindarles seguridad y evitarles sanciones o la clausura de sus negocios.

Ante esta realidad, dijo, se solicitará al poder legislativo se impulsen las reformas requeridas para hacer más clara y precisa la Ley de Alcoholes en el estado de Sonora.

“Tal vez no sea una reforma integral pero si que al menos se vean aquellos artículos que favorecen acciones ilegales”, mencionó.

Durante la firma de convenio con Itesca e Icatson para impulsan talleres de analisis y  estudio de la Ley de Alcoholes, señaló que mientras tanto se unificarán criterios para evitar casos de extorsión.

“Ante las imprecisiones se requiere establecer criterios de interpretación que sean los mismos en todo el estado y los conozcan tanto los inspectores como los permisionarios”, expuso.

Van contra aguajes

El funcionario estatal indicó que no se tolerará ningún acto que se contraponga a la ley por ello también se aplica mano dura  en la venta ilegal de debidas embriagantes.

 En lo que va de la actual administración ya se han clausurado 134 aguajes en la entidad, interponiendo igual número de sanciones y denuncias penales, mencionó.

“Antes se le apostaba al río revuelto ganancia de pescadores, pero eso se terminó, vamos a combatir todo acto de corrupción pero necesitamos también que se denuncie”, puntualizó.