CD. DE MÉXICO.- La Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas rechaza tajantemente el uso de la fuerza pública en el conflicto minero de Cananea, recurso que pretende usar el gobierno federal contra mil cien obreros que luchan por mantener su fuente de trabajo.

Olegario Carrillo, coordinador ejecutivo nacional de la UNORCA se pronunció por una salida negociada que beneficie a los trabajadores y sus familias y respete las leyes fundamentales del país.

Los mineros han denunciado múltiples irregularidades y una parcialidad exhibida en el proceso por parte de una autoridad laboral cargada a favorecer a la parte patronal, señaló Carrillo.

El dirigente nacional campesino dijo que esa actitud del gobierno federal viola flagrantemente la Constitución, al atentar contra el derecho de huelga amparado por la Ley Federal del Trabajo.

Recordó que hace un año la huelga de Cananea fue declarada legal y existente en tres ocasiones, por lo cual la decisión de concluir las relaciones de trabajo viola directamente uno de los derechos más elementales del marco legal mexicano, que es el derecho de huelga de los trabajadores.

“Estos hechos se suman a la reciente embestida contra el Sindicato Mexicano de Electricistas y la desaparición de su fuente de trabajo que afectó a más de 40 mil familias, al maltrato a los mineros y sus familias en Pasta de Conchos, y a otras acciones más,  para conformar una clara política de agresión a los trabajadores y las organizaciones gremiales que no comparten la visión del grupo en el poder”, añadió.

“No nos gusta hacer comparaciones históricas —dijo—, pero no podemos dejar de ver el paralelismo entre un gobierno empeñado en favorecer los intereses de los grandes empresarios, pasando por encima del marco legal y afectando la vida de la gente más humilde, y la dictadura que sofocaba al país hace cien años.”