Privatizaciones privilegiadas

El pasado 2 de marzo el presidente Felipe Calderón anunció que regresarán a la iniciativa privada las carreteras de cuota que se rescataron por mal manejo de la iniciativa privada.

En los últimos 18 años se ha acrecentado la polémica entre economistas y gente común, por la decisión de privatizar servicios que tradicionalmente había manejado el Estado mexicano, servicios tan necesarios para la nación.

A la gente común nos interesa tener servicios eficientes y accesibles desde el punto de vista económico para las mayorías. Porque uno parte del principio en el cual se centra el beneficio de cualquier país: permitir a toda la gente el uso de elementos tecnológicos que permitan el bienestar social, como son las carreteras, la energía eléctrica, el sector salud y la educación, por sólo nombrar algunos.

La iniciativa privada mexicana y extranjera desde siempre han venido exigiendo su participación en el manejo de estos servicios. Sobre todo porque aseguran ganancias redondas pues en la mayoría de los casos tienen usuarios cautivos que deben pagar a cualquier precio. Si queremos ejemplos, el más reciente es el maíz y su complemento la tortilla.

Pero ha pasado algo curioso. Cuando el gobierno en turno les permite formar parte del manejo de cualquiera de estos servicios, pasan a ser mucho más ineficientes que cuando pertenecían al gobierno (salvo honrosas excepciones).

Un ejemplo son las carreteras. Mientras han sido manejadas por los gobiernos estatales o federales, han mantenido el precio y en general reciben mantenimiento adecuado.

Cuando pasan a formar parte de la iniciativa privada, inmediatamente suben las tarifas y se vuelven intransitables. Un ejemplo muy claro es la carretera México-Acapulco. O la México-Toluca donde por recorrer 21 km. se pagaban 80 pesos; actualmente bajaron a cincuenta pesos pero aún así el peaje se mantiene arriba del promedio nacional en autopistas de cuota, que es de 1.12 pesos por km. recorrido.

Después de algún tiempo los concesionarios se declaran en quiebra y el gobierno las rescata pagando una suma considerable, todo con cargo a los contribuyentes, es decir, todos nosotros. Como sucedió en 1997 cuando el gobierno tomó la deuda de los concesionarios de una cantidad de 170 000 millones de pesos. Posteriormente arregló las carreteras y ahora que ya están en números negros se anuncia que se regresarán a los particulares.

Mal negocio hacen los administradores actuales. Compran chatarra, la arreglan, y después la venden barata. Todo esto no tendría mayor importancia si el dinero fuera de ellos. Pero resulta que el dinero invertido y casi casi regalado, es el dinero de todos los mexicanos. Y después nos lo cobran al triple porque cuando usamos las carreteras lo volvemos a pagar por un servicio en general muy malo.

Así es la política privatizadora que unos cuantos alaban y disfrutan, pero que casi todos (usted y yo incluidos) debemos pagar y sufrir.