Crisis del Estado mexicano

No cubre la expectativa política, económica y social del país.

Por ello se tiene que construir un Nuevo Estado, que recupere la estabilidad y seguridad ciudadanas y la esperanza de mejorar sus condiciones de vida en Democracia, Paz, Igualdad, Libertad y Justicia.

Ninguna de estas prerrogativas se encuentra garantizada actualmente.

El actual Estado se encuentra putrefacto porque obedece a una oligarquía déspota controlada por los dueños del capital financiero.

Un Estado obligado a prestar servicios porque los contribuyentes pagan con su trabajo los impuestos con los cuales se origina el gasto público.

Y en vez de prestar eficientes y oportunos servicios, se sirve del poder represivo gubernamental para cohersionar a la población con el cobro de altas tarifas, cobros ilegales, ineficiente servicio, arbitrariedad y corrupción encubierta con la simulación eficientista en su manejo, manteniendo según su dogma neoliberal "finanzas sanas" en las empresas estatales a costa de los usuarios que se desgastan, se embargan, desembolsan, cual si fueran asaltados por el más malandrín de los raterillos.

El Artículo 25 de la Constitución Política enfatiza irrebatiblemente: " Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático.

El Estado y sus "Instituciones" se encuentran inservibles y funcionan solo por una razón principal, por que se les destinan cuantiosos recursos públicos que surgen de la explotación de la fuerza de trabajo obrera y de los recursos naturales nacionales como el petróleo.

La función de los organismos públicos y paraestatales que prestan servicios públicos, en estos momentos, es explotar la economía de los trabajadores para eficientar sus finanzas y ser sujetos a la privatización, presas de la enorme serpiente insaciable que piensa engullirlos con su capacidad de compra: El Capital financiero.

Por ello estas empresas se han convertido imbatibles y despiadadas en los últimos años en su forma de proceder contra los usuarios que pagan sus programas de saneamiento y los elevados sueldos de sus funcionarios.

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