El golpe mediático

La asonada mediática del pasado martes 11 es consecuencia de la prolongada, vergonzosa connivencia entre la llamada clase política y los poderes fácticos.
En el curso de los años, partidos y gobiernos han ido cediendo espacios y atribuciones a la televisión y ahora que los primeros quieren recular, la afectada se ha puesto en pie de guerra.
Cuando empezó a filtrarse información sobre la reforma electoral, desde el principal consorcio de la televisión se levantó una campaña diz que en defensa de la autonomía del IFE y de los miembros de su consejo.
Los intelectuales al servicio de Televisa aparecieron como inopinados defensores del pobrediablismo que tan cabalmente encarnan los señores consejeros y argüían que éstos, en su calidad de árbitros, debían ser inamovibles, pese a que, como es evidente, ya no cuentan con la confianza de las partes bajo su arbitrio.

Por supuesto, el destino de Luis Carlos Ugalde y sus muchachos es lo que menos interesa al consorcio.
El motivo de la campañita es la proyectada supresión del gasto electoral en radio y sobre todo en televisión, pues este medio se lleva entre 70 y 80 por ciento de la erogación en propaganda y se estima que una sola empresa, Televisa, recaba más de la mitad del total de esos recursos, los que en 2006 sumaron más de tres mil millones de pesos.

En no pocos de los países ricos las campañas electorales en radio y televisión se difunden en tiempos oficiales. Eso precisamente se pretende hacer aquí, un país pobre en que el derroche llega a extremos faraónicos y donde al gasto de recursos fiscales se agrega la incapacidad de las autoridades electorales para precisar el origen de otros dineros empleados en las campañas.

En el escándalo del martes 11, al que por cierto convocó Santiago Creel, nadie se acordó de los consejeros del IFE y el asunto se centró en una presunta defensa de la libertad de expresión, señora que poco frecuenta las pantallas de televisión.

Tan es así, que la transmisión en cadena por radio y TV censuró la intervención del senador Ricardo García Cervantes, uno de los panistas más inteligentes y respetables. Lo que vimos y escuchamos el pasado martes llegó al extremo de insultar a los legisladores por su intento de reglamentar la explotación privada de un bien público.

Por eso, cabe recordar que el Congreso dispone de facultades para reglamentar el empleo de las concesiones y tiene recursos para meter al orden a quienes suponen que sus negocios están por encima de los intereses nacionales.