La televisión y la guerra por el IFE

Por Jorge Zepeda Patterson
La mayor parte de las cosas decisivas en este país suelen suceder en lo oscurito. Pero la batalla que el Congreso y las televisoras están librando se realiza en terreno descampado y a la vista de todos. La colina que se disputa palmo a palmo es la permanencia o la salida de los consejeros del IFE, pero nadie ignora que eso sólo es el pretexto. Primero un recuento de hechos, luego una explicación de lo que podría seguir.

El miércoles pasado los legisladores acordaron un proyecto de dictamen sobre la reforma electoral.
Ya se sabía que vendría un recorte en el periodo de las campañas, y en los topes de gasto; se anticipaba también un mecanismo de recambio de los consejeros electorales que el PAN estaba concediendo a regañadientes.
Pese a la oposición de Manuel Espino y su corriente, los panistas no tenían opción porque sus rivales habían condicionado la salida de Ugalde y compañía como requisito para votar la reforma fiscal.
Y desde luego nadie estaba dispuesto a sacrificarse por el cuestionado presidente del IFE. El martes pasado todo mundo había asumido que, así planteada, la reforma electoral estaba totalmente cocinada.

Pero el proyecto del miércoles incluyó una verdadera bomba: la prohibición de contratar tiempos de televisión y radio para las campañas políticas.
Esto significa que los medios electrónicos dejarán de recibir el equivalente al 70% de lo que se gastan los partidos políticos con dinero proveniente de nuestros impuestos.
Una fortuna que en 2006 representó 2% de la facturación de Televisa y hasta 30% de algunos concesionarios de radio regional.

Que los legisladores incluyeran este punto no fue una total sorpresa, pero las televisoras habían confiado en que sus presiones lograrían eliminarlo del proyecto de reformas. Posteriormente Labastida Ochoa, ahora senador, señaló que algunos de sus colegas con aspiraciones de convertirse en gobernadores habían sido advertidos por Televisa de no promover ese punto de acuerdo o serían eliminados en términos mediáticos.

La reacción de las televisoras fue fulminante.
La noche del miércoles el noticiero de López Dóriga fue convertido en una plataforma de misiles en contra de los partidos. Durante media hora desfilaron declaraciones de empresarios, intelectuales y presidente
del IFE para clamar en contra de la partidocracia y el crimen que se estaba cometiendo en detrimento de la ciudadanía.
Obviamente el campo de batalla que eligió Televisa no fue el asunto de los gastos de campaña, sabedora de que la opinión pública nunca apoyaría sus pretensiones. Prefirió hacer de la defensa de Ugalde y los consejeros del IFE el instrumento para torpedear la reforma electoral con la esperanza de que una revisión posterior eliminara las cláusulas que le perjudican.

No calcularon mal.
En el noticiero de la noche siguiente ya recogían el testimonio de legisladores panistas y de algunos partidos pequeños sobre la necesidad de volver a discutir el tema e incluso lanzarlo a una consulta popular.
Más de un priísta coincidió con ellos. Una vez más, parecía que las televisoras habían ganado la batalla.

Pero el viernes los legisladores contraatacaron. Ese día varios diarios nacionales destacaron en portada el ataque de las televisoras y publicaron los testimonios de senadores sobre la amenaza a sus carreras políticas.
Pero sobre todo se sacaron de la manga un as inesperado: anunciaron la reanudación de los trabajos para elaborar una nueva ley sobre televisión, informando que revisarían el periodo de las concesiones y la conveniencia de romper monopolios (es decir, tercera cadena).
En el noticiero de esa noche, Televisa prefirió concentrarse en los huracanes y en el cambio climático. La semana había terminado con un empate de fuerzas.

Lo que sigue sucederá en las cámaras pero no en las de televisión.
Probablemente ni siquiera en las legislativas, sino en las recámaras ocultas de las negociaciones entre los poderes de facto.
La reforma electoral requiere dos tercios del voto legislativo, para lo cual necesitan del PRI y del PAN. Es al interior de esos partidos donde se dará la batalla decisiva.

Por el lado del PRI, Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores, ha convertido este dictamen en su carta de presentación para convertirse en eventual candidato presidencial.
Pero algunos gobernadores poderosos (Bours, Natividad y Peña Nieto), no quieren enturbiar sus relaciones con los medios electrónicos para no entorpecer sus propias aspiraciones presidenciales.
Por otra parte, habrá que analizar con lupa el comportamiento de Emilio Gamboa, pieza clave de este entuerto, por ser el coordinador de los diputados priístas. Hasta el miércoles apoyaba decididamente el dictamen pero en los últimos días se ha limitado a hablar de la reforma fiscal. No hay que olvidar que Gamboa es considerado el gran personero de los intereses de Televisa en el Poder Legislativo.

En el PAN estará por un lado Santiago Creel, coordinador de los senadores, y por el otro el ala dura de su partido encabezado por Manuel Espino y Federico Doring (hace tiempo que Televisa sólo entrevista a Doring, mientras Creel desapareció de sus noticieros).
La ausencia de Calderón, de visita en Asia y Oceanía, y la intrascendencia del secretario de Gobernación, permiten suponer que esto no se resolverá hasta el regreso del presidente a media semana.
En principio, Calderón coincide con Creel: conceder en lo electoral para obtener su ansiada reforma fiscal.
Pero no hay que descartar la presión que los medios electrónicos ejercerán sobre Calderón. Para ellos habrá llegado el momento de cobrar algunas facturas políticas pendientes del verano del 2006.

Con frecuencia se ha dicho que el éxito o el fracaso de Calderón dependerán de su capacidad para imponer límites a los privilegios de los monopolios que impiden los cambios de fondo.
Ha llegado la hora. Si no consigue ganar esta batalla, que ni siquiera ha sido suya, la suerte estará echada.
En cierta forma el sexenio habrá terminado en cuanto a la posibilidad de cambios reales. Sólo le quedará dedicarse a gestionar cinco años y tratar de evitar que el país se desfonde.