Una Corte poco Suprema

Por Lorenzo Meyer
La grave acusación contra Mario Marín, el “gober precioso” de Puebla, y sobre la cual la SCJN debía emitir una opinión, no sólo estaba basada en la evidencia arrojada por la conferencia telefónica –prueba clara como pocas en nuestra historia reciente de la corrupción producto del contubernio del dinero con el poder político y enmarcado todo por una actividad tan inmoral como es la explotación sexual de los más indefensos-, sino en una investigación llevada a cabo por un miembro de la propia SCJN, el ministro Juan Silva Meza, y que confirmó lo que la conversación interceptada ya había probado sin lugar a duda, pero que por haber sido grabada ilegalmente no podía ser aceptada como prueba: que las garantías individuales de la periodista habían sido violadas gravemente.
Sin embargo, contra la evidencia rotunda, el sentido común y el sentido elemental de la justicia, seis de los diez magistrados presentes votaron en contra de las conclusiones del informe de Silva Meza y lo justificaron con argumentos tan pobres que no justifican su alto rango –y sus igualmente altos sueldos- en el Poder Judicial.
Aún cuando los argumentos son conceptualmente pobres, dejan en claro que, por lo que a la ética se refiere, sí están a la altura de la forma y el contenido de la conversación Marín-Nacif.

Durante la aprehensión y traslado de Lydia Cacho de Quintana Roo a Puebla, los policías judiciales, todos hombres, acosaron sexualmente a la periodista.
En un momento, y según testimonio de ella misma, uno de sus captores le espetó: “¿Te gusta meterte con hombres, verdad?” y acto seguido sacó su arma, la metió el cañón de la pistola en la boca y le advirtió: “si toses se dispara”.
Sin embargo, para la ministra Olga Sánchez Cordero, la conducta de los judiciales poblanos no muestra que se hayan violado los derechos de una mujer decidida a arriesgarse para denunciar un crimen como nunca lo han hecho los magistrados, sino apenas que los traslados de los acusados “no son necesariamente agradables”.
En realidad, ante esa argumentación, no es necesario ahondar más para sostener que pese a la acción de una minoría de los magistrados, la SCJN demostró que en el México actual, los ciudadanos siguen indefensos ante la arbitrariedad del poder.
Finalmente, se puede inferir que la decisión de la SCJN no se explica por una supuesta lógica jurídica, sino por una de carácter político: Felipe Calderón necesita que el PRI no suspenda su colaboración con la presidencia y con el PAN, y por eso se comprometieron a salvar al gobernador Marín y mantener su impunidad.
Al PRI, por su parte, le tiene sin cuidado el abuso del poder del mandatario poblano. Le es más importante apoyar a uno de los suyos, en particular a uno que en las últimas elecciones locales ganó con “carro completo”.

Elba Esther. Otro ejemplo del no cambio es el sistema educativo.
La última prueba que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hizo a estudiantes mexicanos en el año 2006 en todos los estados del país, mostró que en su conocimiento de matemáticas, de ciencias y en su capacidad de lectura, los nuestros siguen ocupando el último lugar entre los treinta estados miembros de esa organización.
En matemáticas, y en escala de uno a seis, el 56% de los estudiantes mexicanos obtuvo apenas un punto o menos.
Y lo anterior no fuera ya una pésima noticia, la prueba también mostró que las entidades con peores resultados son precisamente las históricamente atrasadas: Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Tabasco.
Así pues, la evaluación internacional confirma al menos dos cosas: primero, que entre 2000 y 2006, durante “el Gobierno del Cambio” nada cambió en materia educativa a pesar de que se tiene plena conciencia que la mejoría en la educación es la clave para que México pueda superar su permanente estado de subdesarrollo.
Y segundo, que la polarización regional del desarrollo humano en vez de disminuir, se agrava. Todos los análisis de la tragedia educativa mexicana, empezando por el de la OCDE misma, coinciden en señalar que el poderoso sindicato que dirige Elba Esther Gordillo es el gran obstáculos para el cambio educativo, pues el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) premia a sus agremiados en función de su utilidad política y no de su capacidad pedagógica.
Pero si bien el SNTE está reprobado como institución educativa ha resultado premiado por el Gobierno con salarios y prestaciones por ser una excelente maquinaria electoral. Mientras un partido gana las elecciones, el país pierde el futuro.

Hasta el momento, entre más transcurre el tiempo actual más se parece al que se creía superado.
Pese a todo, lo que sí está cambiado es la sociedad; la relación entre ésta y las estructuras corruptas y anquilosadas se hace cada vez más disfuncional. De la necesidad de resolver esa contradicción pudiera surgir un cambio genuino. Ojalá.